Opinión
El Estado y las universidades públicas
Al ver publicadas nuestras notas, reclamamos al profesor el porqué los treces y catorces para nosotros, y los dieciochos, diecinueves y hasta veintes para los de la universidad privada. ¡Es que a ellos no les puedo poner menos, la próxima no me contratan! fue la respuesta.
El director fue a operar y me dijo: llama a Juanita (de la privada) para que entre a sala conmigo. Le dije: yo estoy de guardia y me corresponde, a lo que respondió: por mi cargo, ingreso pocas veces a sala y, como profesor, tengo que hacerle cumplir su récord en quirófano. Le respondí: ¡Ud. también es mi profesor!
Cuando un estudiante decide postular a una facultad de Medicina, tiene dos opciones: la universidad pública o la universidad privada. Las universidades públicas son subvencionadas por el Estado, y las privadas, por la empresa privada, que con fines de lucro invierte en el campo educativo, y cuyos tributos al Estado son mínimos o nulos.
Quien ingresa a la universidad estatal lo hace por su calidad y trayectoria, pero también por razones económicas, pues la duración de la carrera profesional y la dedicación exclusiva haría improbable la posibilidad de estudiar Medicina sin apoyo del Estado.
La empresa privada universitaria se caracteriza por el alto nivel de subempleo de sus profesores, la mayoría médicos contratados sin derechos laborales de largo plazo. Esto determina que la plana docente, estructura fundamental en una institución universitaria, no tenga un estatus sólido y se vea en riesgo de ser sometida a presiones.
El Estado Peruano, que oferta vacantes en Medicina, se compromete tácitamente a brindar las condiciones mínimas. La actividad autogestionaria en hospitales del Estado ha determinado muchos cambios en la atención a los pacientes y en la actividad docente que en ellos se realiza. Son numerosos los médicos docentes que laboraron en universidades públicas y que actualmente lo hacen en universidades privadas. Peor aun, se eleva el número de docentes que ostentan ambas condiciones.
La estrategia de penetración a los hospitales, empleada por las empresas privadas universitarias, es con mínima inversión mediante subcontrato de coordinadores de sede, que generalmente son directores del hospital, y con una discreta implementación de la sede hospitalaria. Reciben a cambio disponibilidad de la sede y sus ambientes y, como consecuencia, maniobras logísticas que impiden un real acceso a los estudiantes estatales. Algo sui géneris: las direcciones están "concediendo" espacios públicos que se construyen con los impuestos de los peruanos, confundiendo la responsabilidad de gestionar y administrar los bienes del Estado para fines públicos.
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¿Por qué a las universidades privadas no se les exige la acreditación con la
debida sustentación de sus propios hospitales o clínicas privadas
universitarias?. ¿Por qué no invierten lo recaudado de los alumnos para
brindarles lo que el alumno requiere para su correcta formación ?. ¿Es
correcto que lo haga por la vía de la subvención por parte del Estado?
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El Estado invierte por cada interno de Medicina aproximadamente 400 soles mensuales además de otros gastos. Estratégicamente se han establecido convenios marco entre la universidad privada y el Estado, lo cual no es indeseable, a menos que afecte los intereses y derechos de los alumnos estatales. Sería saludable que los ministerios de Salud, de Trabajo (Essalud) y del Interior estudien y reporten la correlación entre estudiantes de Medicina de las universidades privadas versus las estatales, y la relación directa con la presencia de directores contratados por esas empresas universitarias privadas.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó una Resolución Ministerial sobre la creación del Comité de Pregrado en Medicina, encargado de dar las pautas para la reglamentación en el ámbito de su competencia. Allí se señala tácitamente solo a los establecimientos del Minsa, lo que "resolvería" sólo el 50% de la problemática. Parecería que esa norma timorata e imprecisa, que no antepone el derecho de los estudiantes estatales, sólo lograría consolidar el estatus actual de las empresas privadas universitarias.
La AMP propone
· Defender el campo clínico exigien do la prioridad en la distribución a los alumnos del Estado en los hospitales públicos.
· No a la subvención estatal a las empresas privadas universitarias.
· Una posición más definida del Estado en la reglamentación del Copreme en defensa de los recursos del Estado.
· La participación del estudiante estatal en la reglamentación del Copreme.
· La correcta acreditación de las facultades de Medicina de las empresas privadas universitarias con la implementación de sus hospitales o clínicas universitarias privadas.
· Que el Minsa determine cuántos de sus funcionarios han establecido relaciones laborales con empresas privadas universitarias y establecer un análisis con el censo de estudiantes en los hospitales públicos.
N
Dr. Julio Sánchez Tonohuye
Médico neonatólogo, Secretario general de la AMP