Los médicos rechazan «SOAT Médico» porque perjudicaría a la población
La creación de un seguro médico no beneficiaría a nadie; por el contrario, generaría un enorme perjuicio a la población, al Estado, a los trabajadores de salud y a los médicos.
Las leyes vigentes reconocen el derecho a la indemnización por cualquier daño ocasionado durante el ejercicio profesional; sin embargo, el proyecto de ley ha especificado los daños, reduciéndolos exclusivamente a los de negligencia, impericia, imprudencia y error médico.
Los casos de negligencia sanitaria no estarían comprendidos
La negligencia sanitaria, que significa falta de equipos, insumos, equipamiento, medicamentos, etc, los casos fortuitos y, sobre todo, los delitos dolosos, es decir, aquellos realizados por profesionales que usan sus conocimientos intencionalmente para hacer daño, no serían tomados en cuenta. De estos lamentables casos es que tratan la mayoría de informes periodísticos, que en los últimos tiempos se vienen difundiendo a propósito del «SOAT Médico», y que, sin embargo, no están contemplados en esta ley; a la irresponsabilidad de las instituciones que administran la salud del país, incluyendo a las propias compañías aseguradoras de asistencia médica.
Sólo basta averiguar en la Superintendencia de EPS (Aseguradoras Privadas) qué volumen de quejas y reclamos manejan por incumplimiento de los contratos y prestaciones médicas.
Problemas que generaría
Diferenciar los cuatro aspectos de la ley dentro de la totalidad de la negligencia sanitaria es difícil, engorroso y prolongado, lo que ameritará un proceso contencioso previo.
Y como el 90% de la atención médica es pública, el Estado tendría que asumir 144 millones de dólares. Es decir, el Ministerio de Salud debería gastar 504 millones de soles anuales para comprar el seguro a sus médicos.
Qué debe hacer el gobierno para proteger a la población
Hay que reforzar el Poder Judicial, el sistema extrajudicial del arbitraje y la conciliación, la ley de creación del Colegio Médico del Perú, que continúe el proceso de acreditación de los hospitales y la creación de un Fondo de Indemnizaciones a cargo del Estado. No se puede permitir que unos pocos engorden sus arcas a costa de las necesidades vitales de la población.
Sobre el nombramiento automático de médicos:
Autores reclaman transparencia en el proceso
La ley de nombramiento automático de médicos es un logro de la Asociación Médica Peruana con el invalorable apoyo del congresista Iván Calderón Castillo, ambos autores de este importante beneficio para los médicos contratados y sus familias. Sin embargo, esta ley no contempla la creación de una comisión encargada de elaborar el respectivo reglamento, por lo que sus forjadores (AMP y el congresista Iván Calderón) hicieron llegar a la ministra de Salud, en mayo del año pasado, su propuesta de participación en el proceso de nombramiento; sin embargo, los autores no han participado, y por ello 1500, médicos continúan aún sin nombramiento. El Minsa ha evitado así que la AMP vigile la transparencia del proceso. Para mencionar sólo una irregularidad, se ha permitido que se nombre al ex viceministro de salud, Henry Zorrilla Sakoda, con una ampliación de la norma dada especialmente para él.
La AMP ha hecho público un reconocimiento al congresista Iván Calderón Castillo, por su presencia en esta lucha, y a todos los médicos que ejercieron presión, pues sin su cooperación no se hubiese logrado el objetivo. No obstante, deja constancia de que la lucha continúa, ya que existen aún 1,500 plazas presupuestadas, según ley 28220, y se reafirma en que todo nombramiento de los médicos contratados debe ser automático y no por concurso, pues expone al médico a la pérdida de su trabajo.
AMP cuestiona la Ley del Trabajo del Tecnólogo Médico
Congreso aprueba ley que legaliza estafa a los pacientes
Como la población sabe, los médicos laboran en las áreas de rehabilitación, laboratorio clínico, anatomía patológica, rayos x y oftalmología; estudian como mínimo 12 años (8 años de médico, 1 año de Serums y 3 ó 4 de especialidad), lo que garantiza una atención de calidad a la población peruana. Sin embargo, digno de Ripley, es el hecho de que el Congreso ha promulgado una ley que permite que profesionales con 5 años de estudios, y cuya labor debe ser sólo de apoyo al médico, trabajen en consultorios particulares, de manera independiente, siendo la principal afectada la población que pone su salud en manos de profesionales no preparados para ejercer la medicina.
Sobre esta ley, que fuera aprobada recientemente por el Congreso, la AMP elaboró un informe técnico concluyendo que el presidente Alejandro Toledo debía observar la norma y retornarla al parlamento para que sea archivada; no obstante, el Congreso insistió y promulgó la ley sin la firma del presidente Alejandro Toledo
Desde el punto de vista formal, la Comisión de Trabajo ha sobrepasado sus atribuciones, al normar también sobre las competencias profesionales, aspecto que compete a la Comisión de Salud, Población y Familia y Discapacidad del Congreso de la República.
La norma es inaplicable porque viola principios constitucionales, como la falta de iniciativa de gasto del Congreso de la República.
Esta norma requería la aceptación del Ejecutivo por los beneficios sociales que otorga. Su aprobación confunde las relaciones laborales con competencias profesionales. Repite aspectos normados en la Ley de Creación del Colegio de Tecnólogos Médicos, Ley de Profesionales de la Salud, el DL 276, Ley Universitaria, etc.
Además, señala que tiene como finalidad regular el trabajo del tecnólogo médico en el sector público y, supletoriamente, en el sector privado. Sin embargo, la norma concluye al revés. Legisla sobre el trabajo del tecnólogo médico en el sector privado casi en exclusividad, distorsionando la inversión privada en salud.
Del mismo modo, reitera lo normado para su trabajo en el sector público y pretende legalizar el ejercicio ilegal de la medicina. Invade las competencias del médico cirujano al pretender que conduzca su propio consultorio en modo independiente. Además, generará enormes conflictos en su aplicación con la profesión médica.
De otro lado, se viola el derecho de la población a ser atendida por el profesional más capacitado, lo que generará un enorme problema de salud pública. El impacto negativo en la salud de la población será grande.
La AMP señaló, en su debida oportunidad, que esta ley sólo favorece los intereses de un grupo reducido de tecnólogos médicos, perjudicando a miles de familias y a la población en general.