Asociación Médica Peruana plantea iniciativa legislativa

Nombramiento médico en el sector público

El Proyecto de Ley de Nombramiento Automático de Médicos Cirujanos contratados Nº 9314/2003 en el sector público, presentado por la Asociación Médica Peruana y el congresista Iván Calderón, fue dilatado hasta próxima fecha, en una votación de 3 a 3 decidida con el voto dirimente del presidente de la Comisión de Salud, Héctor Chávez Chuchón, quien justiicó su voto con la necesidad de una opinión más exhaustiva del Minsa.

Dicho proyecto se fundamenta en que el actual concurso de nombramiento no resuelve el problema, debido a que las plazas que se ocuparon son sólo 630 frente a más de 5000 médicos contratados, dejando a la población peruana sin poder ser atendida en los establecimientos del Sector Público Nacional, por no contar con el número necesario de galenos nombrados que abastezcan la gran demanda que existe.

Este hecho se remonta a 1988, desde cuando los establecimientos de salud han venido supliendo temporalmente la necesidad de atención médica, contratando servicios no personales de médicos.

El nombramiento de médicos se hace indispensable para que la atención que los pacientes reciben en las instituciones jerarquizadas goce de la libertad de conciencia del médico, y para que esta no se vea coaccionada.

La AMP señala que si bien los médicos han sido contratados para realizar labores de naturaleza temporal, en función al principio de primacía de la realidad, la labor que estos médicos han venido desempeñando es de naturaleza permanente y ya casi el 50% de la atención médica que ofrece el Sector Público Nacional es a través de médicos contratados por servicios no personales.

Para los efectos de este proyecto de ley, el nombramiento automático de los médicos cirujanos en servicio consideraría el mérito de haber permanecido en calidad de contratados por instituciones públicas y desempeñándose como médico, garantizando de esta forma que el Sector Público Nacional tendrá la cantidad de médicos requeridos para atender a la población con escasos recursos.

"La norma propuesta no acarrea costo para el Estado, pues se respeta el techo presupuestal aprobado y sólo se autoriza la transferencia de dinero de la partida genérica 3 (servicios) a la partida 1 (remuneraciones), ya sea que provenga del Tesoro Público o de los fondos directamente recaudados por los propios establecimientos en los que trabajan; los beneficios en cambio sí son tangibles, pues al asegurarse una mayor cobertura de atención médica a favor de la población de menores recursos, se mejora sustancialmente la situación de la salud pública y se evita mayores gastos en el futuro", señalaron los dirigentes de la AMP.

A pesar de que el artículo 15 de la Ley del Trabajo Médico, DL 559, establece que el ingreso a la carrera médica en condición de nombrado se realiza mediante Concurso Público, esta norma en general no se ha respetado, ya que la gran mayoría de los médicos son contratados.

El artículo 13 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, DL 276, establece que las vacantes se establecen en el presupuesto de cada entidad. El artículo 15 de de esta misma ley establece que el personal contratado para realizar labores permanentes por más de tres años podrá ingresar a la carrera administrativa.

La norma propuesta constituye una excepción al artículo 15° de la Ley del Trabajo Médico, DL N° 559, y al artículo 13 y 15 de la Ley de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y de la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Libre elección de sistema de pensiones

Exigen la libre desafiliación de la AFP

Recientemente, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que permite la libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP), lo que significa que los trabajadores podrán salir de las AFP y regresar al Sistema Nacional de Pensiones (régimen 19990) que administra la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Los sistemas abiertos de libre afiliación y desafiliación obligarían a todas las empresas a brindar mejores servicios y a buscar mejor rentabilidad de los fondos, y hay que recordar que las AFP han comprado bonos del Estado, volviendo a costumbres que llevaron al colapso del antiguo IPSS.

La Asociación Médica Peruana ha venido recibiendo numerosas quejas de médicos pensionistas que tienen una jubilación anticipada en las AFP y, por lo tanto, reciben pagos menores que con el Sistema Nacional de Pensiones, pero lo que resulta más inhumano e inconcebible todavía es que estos médicos, en gran parte adultos mayores, se quedan totalmente desprotegidos, sin atenciones de salud.

Por la importancia del tema, el ministro de Trabajo, Javier Neves Mujica, ha planteado que sea analizado al interior del Acuerdo Nacional, que agrupa a todos los sectores involucrados. Esperamos que los tres millones de peruanos que se encuentran afiliados en las AFP puedan decidir libremente su desafiliación; queda pues al Pleno del Congreso y al Ejecutivo permitirlo.

El Movimiento de Desafiliación de las AFP del Perú, con la asesoría de la Asociación Médica Peruana, tuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Rafael Valencia Dongo, donde se expresó la exigencia de la libre desafiliación de los ciudadanos.

Estuvieron presentes el secretario general de esta agrupación, Leopoldo Salazar Rojas; la presidenta de la Asociación Médica Peruana, Dra. Flora Luna, y el presidente del Consejo de Vigilancia, el Dr. Herberth Cuba.

El Perú es un país de inesperados cambios, de inestabilidad política, económica y social. Un sistema de pensiones tipo AFP, de capitalización individual. Es atractivo en la medida, en que los indicadores macroeconómicos se mantengan estables por 30 años. Los aportes en soles, la precaria relación del salario real frente al nominal, la inflación, el uso del Estado de los fondos de los pensionistas a través de la venta de bonos del Estado a las AFP (150 millones de dólares), el riesgo de quiebra de las empresas donde las AFP colocan el dinero, sea del país o del extranjero, el rol del Estado en la regulación y control, etc., demuestran la fragilidad del sistema y el riesgo en que se encuentra la pensión de los peruanos.

La cantidad de variables tan sensibles en la memoria de los peruanos, como la hiperinflación, la devaluación, la variación del salario real frente al nominal, incluyendo el cambio de moneda, y sobre todo, la deuda impaga que mantiene el Estado al IPSS, hoy ONP, hace difícil comprender el fanatismo en la defensa del Sistema Privado de Pensiones.

A pesar de que el Gobierno promete mantener los indicadores macro-económicos, la disciplina fiscal, evitar la inflación, etc., hay aspectos que escapan al control estatal, como el riesgo de las propias inversiones. Teniendo en cuenta lo diminuto que es el mercado de capitales y el escaso poder adquisitivo de los peruanos, conseguir alta rentabilidad económica de los fondos de las AFP en el Perú es todo un reto; por ello, estas propugnan salir del país e invertir en el extranjero, con lo cual el control del Estado es menor.

La propuesta de la libre afiliación y desafiliación permite al ciudadano escoger libremente el sistema de pensiones de su elección y agrega competencia. Es importante aumentar rentabilidad y seguridad sin perjudicar el libre mercado.