Gobierno reitera estrategias que han demostrado ser ineficaces
El 21 de enero se ha promulgado la Ley 31113, que “regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal” en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional. El gobierno ha aprovechado esa ocasión para que el presidente Sagasti y la ministra de Salud inauguren una planta de oxígeno medicinal en Lurín. La ministra de Salud declaró que “tenemos que hacer una adecuada fiscalización y evitar que haya incremento de precios fuera de lo habitual. Eso es un crimen porque todos tenemos amigos, familias y todos estamos expuestos al Covid-19. Por consiguiente, hay que ser muy firmes y denunciar rápidamente esos acaparamientos”. Es decir, mediante una articulada lógica de tres conceptos, “verdadero crimen”, “acaparamientos” y “estar alertas y denunciar”, ha trasladado la responsabilidad de la gestión sanitaria de la pandemia y del oxígeno medicinal desde el gobierno hacia la propia población, así como, a la policía y a los órganos de justicia. No ha precisado, sin embargo, la relación directa que existe entre la escasez y el incremento de precios. Es decir, no se ha referido al nivel de escasez del oxígeno medicinal, y menos aún a las advertencias de las empresas, que han señalado que su capacidad de producción ha sido ya sobrepasada por la demanda.
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