VACUNA DEBE APLICARSE AL 80% DE LA POBLACIÓN PARA LOGRAR EFICACIA
RCR, 7 de enero de 2021.- Herberth Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública, sostuvo que el primer lote de un millón de vacunas de Sinopharm, que llegará al Perú este mes, no alcanzaría a cubrir al grupo vulnerable de trabajadores de salud de primera línea. En ese sentido, dijo que el gobierno no debe caer en la discriminación y exclusión en la aplicación de estas dosis.
¿Cómo funciona la Comisión Multisectorial creada con ese fin?
El último día del año 2020 se ha promulgado la Resolución Suprema (RS) 244-2020-PCM, que delega y faculta a la ministra de Salud la suscripción de contratos para la adquisición de vacunas en representación del Perú, debido a su condición de autoridad de Salud a nivel nacional y “máxima autoridad” rectora del Sistema Nacional de Salud. La precitada resolución justifica la delegación en mérito a que el presidente de la República, según la Constitución Política, representa al Estado dentro y fuera de la República. Sin embargo, no deja de sorprender el enorme retraso en el otorgamiento de esas facultades, sobre todo si tomamos en cuenta que muchos países del mundo y de la región –por ejemplo, los miembros de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú, Colombia, México, EE. UU. y Canadá– ya cuentan con la vacuna contra el Covid-19, a excepción de Perú.
Otro aspecto para tomar en cuenta es que el 10 de agosto del 2020, mediante RS 079-2020-RE se creó la Comisión Multisectorial, de naturaleza temporal, encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamientos contra el Covid-19, cuya presidencia ha recaído en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Técnica en el Ministerio de Salud (Minsa). Además tiene como función, entre otras, la de “efectuar las coordinaciones con las entidades competentes, gobiernos, organizaciones internacionales multilaterales y con el sector privado en el Perú y en el extranjero, que coadyuven al acceso, al descubrimiento, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamientos contra el Covid-19”. Como sabemos, según la Constitución Política corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. Es decir, en la práctica, la Comisión Multisectorial, debido a las características constitucionales de nuestro país, es conducida por el presidente de la República. Otra sería la relación del presidente con la Comisión Multisectorial si estuviera a cargo del Minsa. Es obvio que esa Comisión Multisectorial ha sido creada para fortalecer el protagonismo del presidente de la República.
Luego de creada la Comisión Multisectorial, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, se vio en la necesidad de promulgar, el 10 de setiembre, el Decreto de Urgencia 110-2020, con la finalidad excluir de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado a los actos necesarios para la adquisición de vacunas y sujetarse a los usos y costumbres internacionales y a las condiciones establecidas por el mercado. Asimismo, faculta al Minsa a suscribir contratos, acuerdos o convenios, según las recomendaciones de la Comisión Multisectorial para el “desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas o tratamientos contra el Covid-19”. Además autoriza, durante el 2020, al Minsa a “efectuar adquisiciones de vacunas contra el Covid-19 a través de organismos internacionales u otras formas de asociación u organización conformadas con dicho fin”. La norma autoriza al Minsa a efectuar los gastos con cargo a su presupuesto institucional, así como, la obligatoriedad de publicar los acuerdos o contratos en el portal institucional e informar al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), a la Comisión de Presupuesto del Congreso y a la Contraloría General de República.
En ese contexto, es necesario remarcar que el Minsa suscribe los contratos o convenios, según recomendaciones de la Comisión Multisectorial. Es decir, una inversión de roles, en detrimento de los aspectos científicos y tecnológicos necesarios para los procesos de selección de vacunas en el mercado internacional. La promulgación de la RS 244-2020-PCM, que delega y faculta a la ministra de Salud la suscripción de contratos para la adquisición de vacunas, debe entenderse como la culminación de los procesos de negociaciones por parte del presidente y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, es una omisión que en la exposición de motivos de la RS 244-2020-PCM, que delega y faculta la suscripción de los contratos, no se haga mención a las recomendaciones de la Comisión Multisectorial. Es imprescindible que se conozca el tenor de dichas recomendaciones en aras de la transparencia y con la finalidad de deslindar responsabilidades, no solo en el proceso de selección de las vacunas, sino, también, en su retraso.
El gobierno tiene la obligación de dar a conocer los pormenores del funcionamiento de la Comisión Multisectorial, las actas de las reuniones y la relación de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que han realizado las recomendaciones para la adquisición de vacunas. También de informar cuál ha sido el rol y la participación en esa toma de decisiones por parte del Minsa en su calidad de Secretaría Técnica, así como de las otras siete instituciones que conforman la Comisión Multisectorial.
Luego de analizar esta maraña normativa, que ha sido creada con la aparente intención de promover el liderazgo del expresidente, es necesario que el gobierno del presidente Sagasti realice los cambios normativos necesarios y restablezca las funciones que corresponden a cada una de las instituciones del gobierno, con la finalidad de otorgar predictibilidad y conocimiento especializado a los actos del gobierno que transmita confianza a la población. La Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y el Congreso de la República tienen una gran tarea.
Ahora se les quiere acusar de “traición a la patria”
El 27 de diciembre se ha promulgado el Decreto Supremo 013-2020-DE “que precisa las acciones del Grupo de Trabajo Te Cuido Perú y establece la Estrategia Operación Tayta a nivel nacional”. Todo ello al amparo del Decreto Legislativo 1136, que señala que “el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el Órgano Ejecutor y conductor de las acciones cívicas, y las coordinaciones con otras instituciones y sectores públicos”. Además, se aprueba como acción cívica a la Estrategia Operación Tayta, con cinco componentes de acción en “la detección, aislamiento, asistencia alimentaria, seguimiento y control médico, así como tratamiento de fallecidos” durante la pandemia Covid-19.
El mensaje de fin de año de los nuevos funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS) es una declaratoria ideológica radical, en línea con el presidente Sagasti y la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República. La nota de prensa “SIS garantiza la protección financiera de sus afiliados en salud durante las fiestas de fin de año” es un apretado resumen de los cambios que “aporta” la nueva gestión designada los primeros días de diciembre del 2020.
Una vez más el pánico se ha apoderado del mundo, debido a la aparición de una nueva cepa del virus Covid-19, en el sur este del Reino Unido. Asimismo, Italia ha comunicado que ya ha detectado esa cepa en su territorio. Algo similar ha ocurrido en África del Sur. La enorme cantidad de veces en que el virus se replica predispone a esas mutaciones, que, en teoría, podrían ocurrir en cualquier parte del mundo. Frente a la nueva cepa otra vez los países toman medidas para evitar su propagación en cada uno de sus respectivos territorios y, por tanto, cierran sus fronteras.
El 16 de diciembre del 2020 el presidente de la República realizó una extensa conferencia de prensa en Palacio de Gobierno con ocasión de cumplir un mes desde que asumió el gobierno. Ha llamado la atención el modo reiterado en que se ha referido a su propio gobierno interino como uno de transición y emergencia. Es obvio que es una etiqueta que a su gobierno no le corresponde, porque no es de emergencia ni es de transición, y parece que trata de construir un nuevo relato que resalte una epopeya dentro de la historia del Perú. Además, el uso de un lenguaje generalizador, burocrático y rimbombante, sin precisar aspectos concretos, han dado la sensación de desconocimiento o improvisación. A esto se suma que la escenografía ha sido poco feliz, en especial, cuando se ha evidenciado a un gabinete cansado y dormilón.