Valuación actuarial, EsSalud y su sostenibilidad


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Es necesario fortalecer EsSalud y el Sistema de Seguridad Social

A fines del 2023 se publicó el estudio financiero actuarial de EsSalud (al 2022), bajo el título “valuación actuarial” realizado por el Programa de Asistencia Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominado “Fortalecimiento Institucional de Salud: gobernanza y capacidad actuarial». El estudio ha sido realizado con información al 31 de diciembre del 2021, con información complementaria para los años 2022 y 2023 de acuerdo con las normas y prácticas actuariales internacionales según convenios sobre la Seguridad Social y otros.

La valuación actuarial realizada contribuye a “visualizar medidas que mejoren el escenario financiero y se encuentren opciones para mejorar el desempeño presente y futuro de EsSalud». Asimismo, es crucial para que los legisladores y los conductores de las políticas públicas en salud, tomen en cuenta que hay una serie de normas, cuya promulgación, crearon “un forado” financiero en EsSalud, primero, para detener esa legislación “populista” con motivaciones y réditos políticos, y segundo, para corregirlas o derogarlas con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad financiera de EsSalud. 

El Estudio resalta que “aunque se presentó un resultado superavitario el año 2022, se prevé que surjan déficits a partir del año 2023, debido al incremento esperado en prestaciones médicas y económicas, a la disminución de otros ingresos y principalmente por el aumento del gasto a partir de este año en infraestructuras». En ese sentido, recomienda “iniciar lo antes posible un proceso de diálogo social y de toma de decisiones hacia una estrategia integral de medidas que ayuden a conducir el régimen a una situación financieramente sostenible en el mediano plazo». Para tal fin, recomienda siete escenarios alternativos (que incluyen 19 subescenarios), que se agrupan en tres bloques. 

El primer bloque está constituido por dos escenarios, uno de ellos, relacionado al impacto de la estandarización contributiva (CAS, Minsa y Minedu) y el restablecimiento de la cotización sobre aguinaldo y gratificaciones. Hay que tomar en cuenta, que estas contribuciones a EsSalud no se realizan en el marco de la Ley 26790, porque en el caso del Régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) se calcula sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), indiferente del nivel remunerativo; y en los casos de los servidores públicos de salud y educación solo aportan el 9% del 65% de su remuneración, y no del 100% como señala la Ley 26790.

En ese sentido, una forma de mejorar la recaudación es que estos grupos ocupacionales aporten teniendo en cuenta el 100% de sus remuneraciones. El otro aspecto del bloque está relacionado con el “impacto del establecimiento de una base mínima contributiva a todos los pensionistas y cese de la transferencia de carácter previsional a la ONP». Es un aspecto complejo, porque afecta a grupos vulnerables y con condiciones o “derechos adquiridos”, es necesario asegurar una base mínima de cotización.

Para el caso de la ONP señala que es necesario que la “autoridad competente de por cumplida la obligación de pago de pensiones ONP y se liberen recursos que debería utilizarse para financiar prestaciones de salud, en los correspondientes gastos de administración, y en la actualización y modernización de la infraestructura». Sin embargo, al señalar los destinos de los fondos que se liberarían, no debería soslayarse, el financiamiento de las prestaciones económicas y sociales. Encima, el Estudio, ha dedicado solo unos párrafos, a las prestaciones sociales (sólo para el adulto mayor), sin tomar en cuenta la gran brecha insatisfecha que existe. 

En el segundo bloque, agrupa cuatro escenarios, relacionados al impacto del crédito a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), el impacto de la Ley 31041 (Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente); el impacto de la eliminación de las reglas de acreditación para prestaciones de maternidad y extensión de la prestación económica de maternidad, además, del impacto del incremento del subsidio por lactancia y sepelio.

Es obvio que cada uno de estos rubros, genera egresos financieros a EsSalud, encima, cuando se promulgaron las normas que amplían beneficios para los asegurados o derechohabientes,  no ha tenido como contraparte, el acompañamiento de mayor ingreso financiero a EsSalud. El tercer bloque reúne una serie de aspectos que desequilibran la sostenibilidad financiera de EsSalud, por tanto, propone, por ejemplo, restablecer la cotización sobre el aguinaldo y gratificaciones, entre otras medidas adicionales. 

El Estudio plantea “adoptar una estrategia integral que incida tanto en los ingresos como el gasto” con carácter realista y con voluntad política para implementar las medidas que se diseñen. En ese contexto, es útil tomar en cuenta que EsSalud tiene 10.9 millones de asegurados o derechohabientes acreditados y unos ingresos de aproximadamente S/ 15,921 millones, cifra alcanzada el 2022. Sin embargo, el Estudio Actuarial, señala que para el 2023, ha habido una reducción del 2.64%.

Además, señala que posee tres fuentes de ingresos, la primera, son las cotizaciones de los “asalariados y pensionistas de todos los grupos del seguro regular,” la segunda, son los ingresos financieros, calculado, para el Estudio, con la tasa de interés que es la media de la tasa de interés observada en el periodo 2019-2012. y la tercera fuente está constituida por “otros”, que incluye a las aportaciones por accidentes de trabajo (DL 18846), aportaciones al seguro potestativo y al seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), transferencias realizadas de tesoro público, por ejemplo, por Covid-19. Otros ingresos u otras aportaciones, como la atención a “no asegurados».

En el caso de las consultas por cada 100 asegurados, de 235.7 que se brindaron el año 2019, cayó a 143.2 el 2020, el 2023 llegaría a 204.9 y recién se alcanzaría las cifras del 2019, el 2025. Otro dato relevante, es que los gastos administrativos sobre los gastos en prestaciones (prestaciones económicas y asistenciales. Nótese que se omite a las prestaciones sociales), durante el 2021 ha sido de 2.7%. Esta cifra, quizá deba ser matizada con una adecuada definición de términos, que nos refleje con mayor precisión la realidad y nos otorgue el contexto para valorar el 2.7%. 

El Estudio Actuarial publicado por EsSalud, debería motivar una serie de eventos que propicien el debate, sobre todo, en los asegurados, en los gremios empresariales de la gran, mediana y pequeña empresa. Y también en los gremios sindicales, porque contribuyen con sus esfuerzos a la sostenibilidad de EsSalud, a pesar de los forados financieros, causados por los políticos y los sucesivos gobiernos. ¡Fortalecer EsSalud y el Sistema de Seguridad Social!

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