El Diario “La Primera” ha puesto sobre el tapete 2 hechos que han consternado a la opinión pública: De un lado el referido a un despilfarro del dinero asignado para los pacientes con VIH Sida en supuestas campañas preventivas, en afiches, lapiceros, etc y de otro el tráfico de las medicinas destinadas a los enfermos, señalando pruebas que indican la venta ilícita de medicamentos donados.
Es importante darnos cuenta que detrás de cualquier acto de corrupción interviene no sólo la conducta inmoral y delincuencial de algún sujeto, sino, sobre todo, la falta de elementos de control, de normas, y comportamientos que no toleren o hagan imposibles los actos de corrupción. Una organización sin normas claras, con principios morales relajados y sin liderazgo es probable que incube en su seno terribles actos de corrupción.
El Ministerio de Salud (Minsa) publicó en el Diario “El Peruano”, en el mes de febrero del 2004, la norma legal que creaba el TARGA (Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad), centralizado en 8 hospitales de diferentes puntos de la capital, y en Organizaciones no Gubernamentales (ONG) debidamente “acreditadas”. En la practica, el Minsa transfiere recursos a las ONG para que estas sean intermediarias en la prescripción y dispensación de los tratamientos contra el SIDA, así como en la actividad preventiva. Esto significa que el subsidio del Estado para el tratamiento de los pacientes con VIH- Sida no es un subsidio directo a la demanda (pacientes), tal como ocurre con los pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS) sino, a las ONG y hospitales, es decir a la oferta (instituciones).
Conociendo las malas experiencias de entregar el subsidio a las instituciones y no directamente a los pacientes ¿qué ocurrió para que el Ministerio de Salud teniendo una herramienta tan importante de subsidio directo como el SIS haya tomado el atajo de los hospitales y las ONG?. Por el momento no lo sabemos, pero alguien debería responder.
Además, hay que remarcar que la norma legal aludida es genérica, escasa en mecanismos de monitoreo y control, omisión grave si se tiene en cuenta que los tratamientos antirretrovirales son muy costosos y, por lo tanto, se cumple el dicho muy sabio que reza, “en arca abierta el justo peca”.
La ciudadanía espera que las investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias, y no se exhiban a delincuentes menores como chivos expiatorios. Hay que recordar que La Primera ha aportado denuncias de varios puntos del país. La situación de los afectados de tan alevoso delito son indefensos pacientes, muchos de ellos abandonados y que padecen atroces sufrimientos físicos y el estigma social. Para estos delincuentes que merecen el rechazo unánime, debe caer todo el peso de la ley. Asimismo, es necesario una profunda investigación y sanción de los funcionarios del Ministerio de Salud que han permitido un entorno tolerante a los actos de corrupción.
Dr. Herberth Cuba García
DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA