Desde el 2011 se debate en el Congreso de la República los mecanismos para incrementar la oferta de especialistas en medicina que permitiría cerrar la brecha existente de 6,000 médicos especialistas en Essalud, 5,300 en el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales y 1,000 en las Sanidades de Defensa e Interior. Si a esta cifra le sumamos el sector privado, son en total unos 15,000 médicos especialistas los que necesita el país.
Se ha inaugurado dos veces el Hospital del Niño de San Borja sin que hasta la fecha funcione. El propio presidente de la República, en una entrevista televisiva en la que no pudo precisar la fecha en que entrará en funcionamiento en toda su capacidad, admitió que la causa es la falta de médicos especialistas.
Los proyectos de Ley 148/2011-CR, 693/2011-DR y 886/2011-CR referidos al Residentado Médico (así se denomina el proceso de especialización de los médicos) fueron debatidos y aprobados con un texto sustitutorio en abril del 2012, en la Comisión de Salud. Después, el 4 de junio, fueron aprobados por el pleno del Congreso de la República. La norma fue observada posteriormente por el presidente de la República y devuelta al Congreso. En octubre del mismo año se aprobó la insistencia en la Comisión de Salud y está pendiente la insistencia por el Pleno del Congreso de la República para que por fin sea Ley.
¿Qué ha sucedido para que una norma de trascendental importancia haya sido objeto de tantas marchas y contramarchas? Las objeciones principales han sido respecto el rol que deberían cumplir las universidades, los derechos de los alumnos (médicos generales) y la autonomía universitaria. El Ministerio de Salud quiere que la norma disponga que las universidades se sometan a sus dictados con el pretexto que la mayor infraestructura hospitalaria, necesaria para la docencia, es del Estado.
La dramática cifra del déficit de médicos especialistas ha llevado al gobierno a creer que la solución la tiene el Estado, con más burocracia y más coerción hacia los médicos y ciudadanos. El gobierno cree que tiene derecho a obligar a los médicos a estudiar las especialidades que él decide y a los ciudadanos a atenderse con los especialistas que su burocracia ofrezca.
El crecimiento económico y la disminución de la pobreza impacta en una mayor demanda agregada de atención médica especializada. Hay más dinero disponible para gastar en servicios sanitarios. La preocupación del gobierno debería centrarse en cómo hacer para desbloquear las barreras burocráticas que impiden desarrollar libremente las capacidades de los médicos y el ejercicio de la libre elección de los ciudadanos. Lamentablemente, el gobierno rema en sentido contrario.
El largo debate que se mantiene desde el año 2011 en el sector salud deja entrever un sesgo ideológico, de oídos sordos, a la aprobación de la Ley de Especialización del Médico (Residentado). El afán intervencionista del gobierno ha quedado claramente expresado en las universidades y además en el tope máximo salarial de los médicos.
Se ha promulgado la Ley Universitaria, el Ministerio de Salud tiene expedito el camino para imponer las especialidades que deben estudiar los médicos peruanos y los ciudadanos seguirán sin poder elegir, porque un burócrata elegirá por él. También se ha promulgado el Decreto Legislativo 1153, que prohíbe a los médicos ganar más del tope máximo estipulado por el gobierno. Es decir, una bomba de incentivos negativos contra la inversión en salud.
Existe un flujo permanente de profesionales médicos peruanos al extranjero. Alrededor de 2,000 médicos se fueron en el 2012 y la cifra se duplicó el 2013. Tal como van las cosas, el presidente Humala concluirá su gestión y no podrá poner en funcionamiento el Hospital del Niño de San Borja por falta de médicos especialistas. La Reforma de Salud sin médicos es imposible.
Por Herberth Cuba García
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