El diseño de una política pública requiere una rigurosa argumentación ética, explícita. Además, una enumeración de los derechos protegidos y de aquellos que podrían verse afectados. Sin embargo, la política de aseguramiento que ha propuesto el gobierno no posee ni lo uno ni lo otro.
Al contrario, viola la ética médica y además restringe derechos humanos fundamentales. La política de aseguramiento divide a la población peruana en tres grandes grupos. Primero, los que solo tienen derecho al Plan Esencial de Aseguramiento; es decir, a un listado de enfermedades baratas y comunes. Segundo, los que tienen derecho a un plan complementario; es decir, derecho a ser atendidos no solo en el Plan Esencial, sino también de las enfermedades más complejas. Y el tercer grupo, aquellos que tienen derecho a las enfermedades llamadas huérfanas o raras, y las que son de alto costo. La división solo tiene una motivación económica.
¿Cuál es la injusticia? Que la población mas pudiente ejerce el derecho a estar en los tres grupos. Los pobres y vulnerables, solo en el primer grupo. Ah, y si desean escalar al segundo grupo, deben pagar o, de ser el caso, realizar trámites de demostración de pobreza y vulnerabilidad. Y bueno, el tercer grupo es tan inalcanzable, que aún no se ha creado el fondo económico para ese fin. Es decir, unos tienen más derechos que otros. La discriminación de la población, como es obvio, choca con la ética.