Salud pública: urge dialogar y corregir
El gobierno ha promulgado una serie de normas para enfrentar el rebrote de la pandemia. Al pánico que ha creado la nueva variante del virus Sars-Cov-2 le ha sucedido el incremento del número de pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales que, en modo global, casi están en su capacidad máxima. Además, en algunos hospitales de Lima y diversas regiones ya existe una larga lista de espera para las camas de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos. Otra vez los médicos y los profesionales de la salud reclaman oxígeno medicinal, camas UCI, medicamentos para las unidades de cuidados intensivos, mayor número de especialistas, de profesionales y trabajadores de salud en general. Se ha sacado poco provecho al período de relativa pausa de la pandemia, desde septiembre hasta diciembre, para fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud.
Otra vez se insiste en la estrategia hospitalaria, militar y policial. La frase que resume la estrategia ha sido expresada por la propia ministra de Salud, en conferencia de prensa, al señalar que “el único indicador importante” es el nivel de ocupación de las camas de cuidados intensivos; y por otro lado, que se evalúa retomar la cuarentena, “aunque todavía no es el momento”. Es decir, no hay plan B. No hay otra alternativa. También, en la misma conferencia ha demostrado poco conocimiento de la categorización de los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención de Salud, al nombrarlo como postas y con errores groseros en la descripción de cada uno de los niveles. Tampoco se ha referido al rol de la participación de la comunidad organizada mediante las Redes Integradas de Salud (RIS), que es una política del sector Salud creada por la Ley 30885 del 29 de noviembre del 2018. En consecuencia, es imposible que atine a financiar y considerar al enfoque comunitario como la estrategia alternativa para enfrentar la pandemia.
En ese contexto, el gobierno ha promulgado el Reglamento de la Ley 31091, mediante el Decreto Supremo 002-2021-SA “para el registro sanitario condicional de medicamentos y productos biológicos” que ha generado polémica porque estira los alcances de la Ley al máximo, con la finalidad de incorporar autorizaciones condicionales y temporales, hasta por cuatro años, solo con la decisión del Poder Ejecutivo al margen de la Organización Mundial de la Salud. Además, el registro sanitario condicional es otorgado a los medicamentos y productos biológicos, a solicitud de las empresas, ya sean laboratorios farmacéuticos o droguerías, que cuentan con estudios preliminares en fase III de experimentación, para su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, expendio o uso.
En este punto, es necesario resaltar que por tratarse de medicamentos o productos biológicos (vacunas) “de emergencia” –es decir, aún en fase de experimentación–, y además por tratarse de un bien esencial imprescindible para una situación de emergencia sanitaria, el registro sanitario debería ser solicitado, sin obviar las negociaciones comerciales con las empresas, por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares) dependiente del Minsa, para que puedan ser distribuidos según las normas que rigen para la Petitorio Único de Medicamentos Esenciales (PNUME). En ese sentido, es necesario tomar en cuenta que el artículo 2 de la Ley 31091, define a estos medicamentos y vacunas como bienes esenciales.
Además, el artículo 4 señala que “será gratuito y universal para los habitantes del país en los establecimientos públicos de salud”. Además, para el sector privado solo permite la adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos y vacunas. Es decir, no autoriza la comercialización. Sin embargo, el reglamento promulgado, autoriza la comercialización y venta. El gobierno ha pasado por alto que los medicamentos y vacunas aún en fase experimental solo justifican su uso como bien esencial por la emergencia sanitaria. Es obvio, que, en las actuales circunstancias de la pandemia, estos bienes esenciales sean escasos; por tanto, la autorización de su comercialización, tal como señala el Reglamento promulgado por el gobierno, se convertirá en un instrumento que pase por alto los criterios sanitarios, incluso del propio Plan de Vacunación del Minsa, para legitimar la exclusión y la discriminación por criterios económicos.
El gremio médico, los profesionales de la salud han planteado el inicio de la huelga médica el 13 de enero del 2021. Es probable, que exista un chantaje moral por parte del gobierno y el Minsa, que señalan que es inhumano iniciar la huelga en plena pandemia. Pero resulta increíble que el gobierno no cumpla con las actas y acuerdos pactados, a pesar de que se han distribuido bonos de reactivación económica y otorgado una serie de subsidios, se ha soslayado a los médicos y profesionales de salud. Se ha incumplido la tercera y cuarta fase de la escala salarial.
El pretexto del año 2020 ha sido la pandemia, pero tampoco se ha presupuestado para el año 2021. Además es necesario revertir los despidos, bajo la modalidad de no renovación de contratos, porque existe una brecha insatisfecha de recursos humanos que se ha agravado debido a la pandemia. Es necesario resolver el nombramiento, el ascenso, el cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera, que por ley les corresponde; así como los bonos Covid-19 y el pago oportuno a los contratados. El gobierno está entrampado. Urge dialogar y corregir. ¡Alto a la exclusión social!