Gran controversia ha generado la aprobación del proyecto de ley que incluye dentro de los derechos de los pacientes, la obligación que los profesionales de la medicina cuenten con un seguro de negligencia médica, impericia, imprudencia y error médico, debido a que el proyecto es oneroso, ineficaz, ineficiente y viola los derechos humanos de los pacientes, por lo siguiente:
Ningún grupo de poder y tampoco un gremio profesional puede supeditar los intereses nacionales y el bien común a los suyos propios, y menos aun propiciar toda una campaña que erosione la confianza y la gobernabilidad del país, por ello es contraproducente que los grupos que proponen la norma legislativa, que es equívoca en su concepción, generen un vendaval de desconfianza y mellen la imagen de los hospitales e instituciones médicas, reduciendo el debate al supuesto egoísmo de los médicos.
Se ha calculado en S/. 504 millones al año, es decir, casi el 70% del presupuesto del Ministerio de Salud, monto que el Estado transferirá a las aseguradoras para indemnizar a los pacientes, por cuatro daños muy puntuales: negligencia, impericia, imprudencia y error médico. Diferenciar estos cuatro aspectos dentro de la totalidad de la negligencia sanitaria es difícil, engorroso y prolongado, lo que ameritará un proceso contencioso previo. Los ciudadanos’ tendrán que interponer un doble proceso, por un lado, contra las aseguradoras para ser incluidos en alguno de los cuatro aspectos y por el otro contra los hospitales o profesionales de la salud por una indemnización justa.
Los médicos gastarían gustosos su dinero si estuviesen seguros de que el gasto solucionaría el problema de decenas de personas que claman por indemnizaciones, debido a la precaria situación sanitaria del país. Pero esto no es así.
Las aseguradoras cobran en función de la siniestralidad (incidencia del hecho) y la cantidad que se decida indemnizar. Un médico con una mayor incidencia de siniestralidad pagará más que uno de baja siniestralidad. Las especialidades de mayor riesgo pagarán más. La siniestralidad se incrementa por las precarias condiciones del sistema sanitario y por el número de quejas, por ello, los médicos se abstendrán de realizar actos médicos cuando todas las condiciones de trabajo no sean óptimas, es decir, los médicos trabajarán defensivamente transformado la relación de confianza con su paciente, en una de desconfianza, al verlo como futuro litigante.
El sistema de salud sufrirá un doble daño, por un lado gastará más al comprar un seguro que no indemnizará a casi nadie, y por el otro colapsará sobre todo en los sectores más pobres por la escasez de recursos y la medicina defensiva.
La historia clínica recoge los secretos de confesión de los pacientes, revela su intimidad más profunda, con la finalidad de ayudar al diagnóstico. Se consigna, por ejemplo, la vida conyugal, hábitos, en fin, todo aquello que los seres humanos protegen con tanto celo. El secreto profesional es un derecho de los pacientes que resguarda su intimidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución del Estado, protegen la intimidad y el secreto profesional. Sin embargo, el seguro médico pretende que las historias clínicas pasen a las aseguradoras. Tres compañías aseguradoras conocerán mejor la historia de vida de cada uno de sus potenciales clientes, su vida persona; y sus riesgos
El presidente Toledo debe observar la norma, el Congreso corregir su concepción equívoca que excluye a negligencia sanitaria, que es la más común, y legislar pensando en el bien común, respetando los derechos humanos, protegiendo la intimidad y el secreto profesional y reconocer el derecho a una indemnización justa y oportuna.