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Se ha alterado el curso y desarrollo del cuestionado ensayo clínico

El primero de abril se ha promulgado el Decreto Supremo 011-2021-SA que introduce dos artículos al Reglamento de Ensayos Clínicos (DS 014-2020-SA) específico para Covid-19 que, a su vez, debido a la pandemia flexibilizó algunos aspectos del Reglamento de Ensayos Clínicos (DS 021-2017-SA) para darle celeridad sin perder en rigurosidad. Sin embargo, luego de conocerse, en modo escandaloso, que los ensayos clínicos de la vacuna SinoPharm bajo el patrocinio de la Universidad Cayetano Heredia habían sido utilizados para vacunar a los conductores del ensayo clínico y también, al personal relacionado –cuya antojadiza interpretación permitió vacunar incluso al propio expresidente Vizcarra, su esposa, su hermano y ministros, viceministros y altos funcionarios, que ha involucrado, inclusive al actual gobierno del presidente Sagasti y a la Embajada China– ha puesto asimismo en evidencia la problemática de los voluntarios que aún participan en el ensayo. 

Los voluntarios son mayores de 18 años y fueron enrolados a partir del 9 de septiembre del 2020 para participar en el ensayo clínico. Fueron distribuidos en tres grupos, uno de 2,361 voluntarios que recibió la vacuna Beijing, otro de 2,363 participantes para la vacuna Wuhan y el tercero, de 2377 personas, que recibieron solo placebo; es decir, un líquido carente de efecto, pero idéntico en la forma a la vacuna. La inoculación de las vacunas en los tres grupos fue doble ciego, debido a que ni los investigadores ni los voluntarios conocen que se les ha suministrado. Este procedimiento, el doble ciego, es clave para evaluar en modo objetivo la eficacia de la vacuna en los tres grupos. Sin embargo, en el proceso de la ejecución del ensayo clínico han ocurrido paralelamente algunos sucesos que han alterado el ejercicio de los derechos y el bienestar de los voluntarios; y por tanto, airados y justificados reclamos. 

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El tema sanitario no se limita a la pandemia

El jueves 31 de marzo ha sido la tercera y última jornada del debate entre los candidatos a la presidencia de la República organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Las opiniones sobre el desempeño de cada uno de los candidatos, ha seguido la lógica de sus seguidores. En ese sentido, los ganadores y los perdedores se evalúan y clasifican desde sus particulares intereses, en función, eso sí, al desempeño retórico y conceptual. Sin embargo, esa evaluación desde el punto de vista político es engañosa, porque, no se ha expuesto al escrutinio público las ideologías, los programas y las estrategias de los candidatos para enfrentar el próximo lustro. Es decir, aquellos aspectos que los ciudadanos esperaban conocer para decidir su voto. En ese sentido, la mayoría de los analistas políticos han señalado que el debate no ha sumado ni restado intención de votos para los candidatos, salvo, en algunos casos y en márgenes muy estrechos. Además, los candidatos que mejor se han adaptado al diseño del debate han sido los políticos experimentados, aspecto que era previsible, por tanto, el impacto, también, ha sido mínimo. 

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Hay una desigualdad grotesca en la distribución de las vacunas

Luego de que el número de fallecidos debido al Covid-19 alcanzara, el día 28 de marzo del 2021, la cifra de 231 por día, y que el ministro de Salud confirmara que la variante brasileña alcanza ya un 40% del número de casos, la población ha entrado en alarma, desconcierto y pánico. Un medio de comunicación ha señalado la necesidad de postergar las elecciones generales del 11 de abril del 2021. Además circulan, en el mismo sentido, a través de las redes sociales, no solo comentarios sueltos sino incluso opiniones de algunos especialistas. Sin embargo, el ministro de Salud aún no ha dado publicidad al informe científico que demuestre la magnitud de sus aseveraciones y, por tanto, está en deuda con la comunidad científica y la población en general.

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Un problema agudizado por la pandemia

El 24 de marzo del 2021, en el Hospital Base III de EsSalud de Puno, un médico denunció “haber sido agredido con patadas y puñetes, por un efectivo policial, quien lo acusó de haber actuado negligentemente” en el deceso de una víctima del Covid-19, según relata el diario El Correo de Puno. Según el diario, el médico declaró, tras someterse al examen médico legal, que el paciente había concurrido al establecimiento de salud con el 95% de compromiso pulmonar, y que “era prácticamente imposible salvarle la vida”. Por otro lado, la esposa del fallecido recalcó que “nadie puede recibir con tranquilidad una noticia así,” y el gerente de EsSalud señaló que “lamenta los hechos.” Además, el Colegio Médico del Perú, ha expresado “su indignación y enérgico rechazo” más aún, “cuando hasta la fecha hay 403 médicos fallecidos y 13,073 médicos infectados”, reitera que el Congreso de la República apruebe la ley que pena a quien agreda al personal de salud, y realiza un llamado a la población a mantener la calma y el respeto frente a los médicos. Sin embargo, a pesar del rechazo y la reprobación que genera un acto de violencia, es necesario analizar los aspectos que llevan al ejercicio de la violencia en el campo de la salud, con la finalidad de corregirlos.

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Exministra Astete se enfrenta a las principales autoridades del Ejecutivo

El 22 de marzo del 2021, la presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, mediante sus redes sociales ha salido a contradecir las afirmaciones de la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete. En el mismo sentido, mediante un oficio, el propio presidente Sagasti expresó su negativa de acudir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, y rechazó las afirmaciones de la ex canciller. La ex ministra Mazzeti no confirmó ni negó el hecho, aunque señaló “me temo que de eso no tengo ningún recuerdo”. Además, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se excusó de acudir a la citación bajo el argumento de encontrarse con una agenda recargada con otras actividades programadas con antelación.

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Se necesita fortalecer la sostenibilidad financiera de EsSalud

El Gobierno ha promulgado dos decretos de urgencia con medidas económicas y financieras vinculadas a los recursos humanos dirigidos al Ministerio de Salud (Minsa), a los gobiernos regionales (DU 020-2021) y a EsSalud (DU 022-2021). Por otro lado, mediante el Decreto de Urgencia 020-2021 del 16 de febrero del 2021, ha asignado más de S/ 600 millones para “desarrollar acciones y estrategias para implementar políticas y planes para incrementar la organización y funcionalidad de los servicios de salud”. Asimismo, para continuar con el pago del bono extraordinario, de los servicios complementarios, y los gastos de instalación del personal contratado bajo la modalidad CAS 1057, tanto del Minsa como de los gobiernos regionales; además, de la entrega de la asignación económica por orfandad como consecuencia de la pandemia, mediante la intervención de INABIF, dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cómo se puede apreciar, el DU 020-2021 financia una diversidad de aspectos, que diluyen la parte asignada para los servidores de salud del Minsa y de los gobiernos regionales.