Cerca de 50,000 niños menores no han completado su inmunización
El diario oficial El Peruano, el primero de septiembre del 2022, recoge declaraciones en las que “el Minsa advierte déficit de vacunación infantil contra la polio y otras enfermedades”. Señala también “que cerca de 50,000 niños menores de cinco años no han completado su inmunización” y que “hasta este momento, la cobertura de vacunación está en 45%, pero deberíamos estar en un 56%, tenemos una brecha de 11%, lo que significa que cerca de 50,000 niños no han completado su vacunación, especialmente contra la poliomielitis”. Asimismo, remarca que “en el Perú no hay casos de polio desde hace 31 años, pero es un riesgo tener bajas coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables, como los niños menores de cinco años, pues podría ocurrir un rebrote de enfermedades ya controladas o eliminadas.”
Críticas al modelo de reforma del aseguramiento mercantilista
Las controversias al interior del Ministerio de Salud son marcadas debido a la falta de claridad en la orientación estratégica del gobierno en la política de salud. El disloque entre la alta dirección y los funcionarios intermedios impide que, en cascada, los niveles operativos formen parte del engranaje unitario que implementa las políticas públicas en salud. Asimismo, las designaciones obedecen a las “necesidades” de los nuevos altos funcionarios o a la remanencia de otros considerados “inamovibles”, porque son el resultado de la cuota de poder que la actual confrontación entre los poderes del Estado exige para preservar el gobierno. A esta anómala forma de designaciones de funcionarios, que permite que la cuota de poder se sobreponga a la calidad técnica, se suma la exigencia de que sus áreas “o territorios” sean manejados en forma autónoma, sin sujetarse a las decisiones estratégicas que se adoptan en los más altos niveles de gobierno. Como es obvio, las lealtades no obedecen a los niveles de autoridad sino a los propietarios de la cuota de poder que intermediaron sus designaciones.
Es poco probable que los niños usen las mascarillas correctamente
Una vez más se ha puesto en debate la utilidad de las mascarillas, como ha ocurrido en las fases finales de cada una de las denominadas olas de la pandemia Covid-19. Sin embargo, esta vez la controversia ha recaído en el uso por parte de los escolares, debido a que se ha retornado a la educación presencial. Mayor controversia ha generado el ministro de Salud con sus declaraciones. Según el diario El Peruano del 25 de agosto del 2022, “reiteró que cuando se llegue al 80% de escolares entre los 5 y 11 años de edad inmunizados con la segunda dosis y al 100% de los docentes, y que el índice de positividad baje a menos de 5%, se evaluará el retiro de la obligación en el uso de las mascarillas”. Además señaló que las mascarillas “también sirven para prevenir otro tipo de enfermedades. Con relación al 5%, se refiere al grado de positividad de las pruebas de laboratorio en función del número total de muestras aplicadas. En ese contexto, la positividad aún es del 11.5% y los escolares han alcanzado el 73.5% con dos dosis y 31.5% con tres dosis. Estas declaraciones se hicieron sin el respaldo en investigaciones ni evidencias científicas. Por otro lado, el ministro de Educación, en declaraciones ante el Congreso de la República del 19 de agosto, indicó que “podría solicitar al Minsa la revisión de la norma sobre el uso de mascarillas por parte de los escolares pues algunos especialistas consideran que el riesgo de contagio entre menores es bajo y se debe aprender a convivir con la enfermedad”. Además resaltó que las “medidas de bioseguridad contra el Covid-19 implementadas en los colegios, el monitoreo constante a través de la plataforma SIMON, el soporte socioemocional a escolares y docentes, y el trabajo coordinado con el Minsa, han sido fundamentales para asegurar la continuidad de las clases presenciales”.
El 12 de julio del 2022 la Defensoría del Pueblo, en nota de prensa titulada “Urge priorizar la reforma del sector salud”, ha señalado que “no existen avances en la unificación o articulación del sistema”, y que “el acceso efectivo a salud es el principal problema de la población asegurada”. La primera observación de la Defensoría es que “desde el inicio de la pandemia no se ha avanzado en esa ruta”; la segunda es “la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto y no operativo o insuficiente” de los servicios de salud. La tercera se refiere “al incumplimiento de la Ley 31125”; y la cuarta y última observación es que “el problema principal del aseguramiento universal ya no es la población sin seguro de salud, sino que dicha población acceda a los servicios de manera efectiva”.
El 16 de agosto del 2022 la Contraloría General de la República, en nota de prensa, alertó que existe más de 11.2 millones de vacunas contra el Covid-19 que ”se encuentran disponibles al 30 de junio de 2022 y almacenadas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Ministerio de Salud (Minsa), y que se encuentran en riesgo de vencimiento en los próximos meses, de no ser distribuidas e inoculadas oportunamente y que podría ocasionar un perjuicio económico al Estado”.
En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el 8 de agosto del 2022, el ministro de Salud señaló su “compromiso de continuar reconociendo los derechos laborales del personal de salud, sobre todo en el cumplimiento de la ley que permite el cambio del contrato CAS Covid a CAS regular… en octubre terminará ese proceso”. Indicó, asimismo, que en el 2023 se prevé el nombramiento de 10,000 profesionales de la salud. Estos reconocimientos laborales ofrecidos por el ministro deben estar incluidos en el proyecto de Ley de Presupuesto, que el Ejecutivo remitirá al Congreso el 30 de agosto.
Nueva norma aborda la gestión del cambio climático de forma integral
El 10 de agosto del 2022 el Ministerio de Salud ha promulgado la Resolución Ministerial 599-2022/Minsa, que aprueba el Documento Técnico denominado “Programación tentativa de las contribuciones nacionalmente determinadas en adaptación al cambio climático del Ministerio de Salud al 2030”. Para comprender la importancia de la norma y las complejidades burocráticas de su denominación es necesario revisar la Ley 30754 “Ley Marco sobre cambio climático”, promulgada el 2018, que establece los principios, enfoques y disposiciones generales para adoptar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático del país, así como, cumplir con los compromisos internacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. También aborda la gestión del cambio climático de forma integral, con la incorporación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de inversión en los tres niveles de gobierno, y designa al Ministerio del Ambiente como la autoridad nacional, además de autoridad técnico-normativa en el marco de sus competencias.
A un año de la promulgación de la Ley 31336, “Ley general del cáncer”, las quejas de los pacientes y sus familiares solo se han incrementado. Las expectativas que generó la promulgación de la Ley se desvanecieron, porque la reglamentación tardó más de ocho meses, a pesar de la fiscalización del Congreso y el reclamo de los usuarios y de las organizaciones de la sociedad civil. Además el reglamento no satisfizo porque se soslayaron algunos aspectos de la Ley, se incumplieron los plazos, no se promulgaron los documentos normativos esenciales y tampoco se asignaron suficientes recursos presupuestales que aseguren el ejercicio de los derechos fundamentales de los pacientes con cáncer. Sin embargo, eso era previsible.
