¿Se regresa al “enfoque hospitalario, militar y policial”?
Bajo presión –por las severas exigencias que realizan los expertos, las sociedades científicas, el Colegio Médico del Perú y otros, debido al incremento constante del número de casos de Covid-19 en el país–, por fin la ministra de Salud, Kelly Portalatino, ha señalado en Nota de Prensa –publicada en el Portal del Estado (www.gob.pe), el 28 de noviembre del 2022– que “el Minsa tiene un plan de contingencia para enfrentar una nueva ola de la Covid-19, así como equipos técnicos e insumos para la atención de los pacientes». Asimismo, que “se evaluará la disposición de nuevas medidas para frenar los contagios” y pidió a la población cumplir las medidas de prevención.
La ministra anunció que “el jueves 1 de diciembre informará sobre la situación de la pandemia en el país”, y reiteró con énfasis que “en menos de 24 horas tenemos 1,622 casos de Covid-19 y 7 fallecidos; es lamentable que luego de levantar el estado de emergencia la población no se haya cuidado adecuadamente». Por último, señaló que “hay laboratorios en todo el país, hay pruebas moleculares en regiones, además, tenemos plantas de oxígeno y camas UCI».
En la Alerta Epidemiológica AE 026-2022 –del CDC-Perú (del Minsa) del 22 de noviembre del 2022– se señala que en el Perú circula la variante ómicron, con varios linajes (BQ.1 con el 12%, BQ.1.1 con el 16.3%, XBB con el 22.8%, BA.5.1.25 con el 19.4% y el linaje BA.5 con el 19.4%). Asimismo, hasta el 21 de noviembre la cobertura de vacunación contra la Covid-19 de la primera dosis ha sido de 93.90%, la segunda de 90.15%, la tercera es de 73.34% y la cuarta dosis solo alcanza el 22.89%. En ese sentido recomienda “intensificar los esfuerzos de vacunación principalmente en adultos mayores y personas con comorbilidades, con la tercera o cuarta dosis, según su calendario de vacunación».
También el Colegio Médico del Perú en el Comunicado 017-2022, del 15 de noviembre del 2022, ha señalado que “la pandemia no ha terminado, enfrentar la quinta ola es tarea de todos”, y exhorta a las autoridades competentes y a la población en general a cumplir con el fortalecimiento de la “comunicación social efectiva hacia la población, intensificar la vacunación anti-covid-19, priorizando la vacuna bivalente, establecer el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, viajes aéreos y terrestres, así como, medidas obligatorias de disminución de la concentración de aerosoles, mediante mecanismos de ventilación de ambientes y medios de transporte”.
En ese contexto, el Colegio Médico del Perú también exige “el mantenimiento preventivo de las plantas de oxígeno, disponibilidad de camas UCI y el personal necesario, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica con dotación de epidemiólogos, laboratorios de salud pública y el personal de salud en todas las redes a nivel nacional”. Por último, exige la convocatoria al Consejo Nacional de Salud “para consensuar medidas vinculantes ante la emergencia con todas las instituciones del sector salud».
Las cifras que ha señalado la propia ministra de salud son preocupantes. Sin embargo, no se ha referido al número de hospitalizados, como tampoco al impacto en las empresas e instituciones públicas y privadas debido a las ausencias laborales. Ni al impacto en EsSalud por el reembolso por los certificados de Incapacidad Temporal del Trabajo de sus afiliados.
Es necesario desterrar la creencia de que la enfermedad por Covid-19 “pasará en unos pocos días” porque puede no ser cierto, sobre todo en la gente susceptible. Además el impacto económico y social siempre es gravoso para las familias y la sociedad. Por tanto, las medidas preventivas deberían ser acuciosas y permanentes, con un reforzamiento de las actividades de información, comunicación y educación de la población para el cambio hacia conductas saludables y sostenibles. A estas alturas, la obligatoriedad mediada por la coerción no es una alternativa. La marcha del 5 de abril del 2022, contra la inmovilización involuntaria (toque de queda), ha sido el parteaguas en contra del modelo coercitivo y curativo, denominado “enfoque hospitalario, militar y policial de lucha contra la pandemia”.
La población rechazó que se haya mezclado dos tipos de emergencia: por un lado la emergencia sanitaria, según el DL 1156, para luchar contra la pandemia Covid-19, de acuerdo a la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que está vigente hasta el 24 de febrero del 2023 (DS 015-2022-SA); y por otro lado, la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional al amparo del artículo 137 de la Constitución Política para los “casos de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”, que implica la suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional”.
Para tal fin, la Policía Nacional aplicó la fuerza coercitiva, y las fuerzas armadas mantuvieron el control del orden interno dispuesto por el presidente de la República. Solo se atendía en hospitales, los centros y puestos de salud del primer nivel de atención de salud casi se cerraron, y el ejército y la Policía Nacional, con el concurso incluso de las fiscalías, convirtieron en delito el incumplimiento de las recomendaciones sanitarias, con detenciones e incluso, con la implantación de la inmovilización involuntaria (“toque de queda”) de los ciudadanos. Meses de encierros y requisitos burocráticos para “sobrevivir”. A pesar de la crudeza del modelo, el Perú ha sido uno de los países más asolados por la pandemia.
Preocupa que el nuevo plan de contingencia sea un retorno hacia el malhadado enfoque hospitalario, militar y policial que la población aborrece. La frase, “es lamentable que luego de levantar el estado de emergencia la población no se haya cuidado adecuadamente” es un guiño para imponer, otra vez, la coerción y supresión de las libertades constitucionales, con el beneplácito de algunos expertos de corte autoritario.