Sin control concurrente ni candados contra la corrupción
El 21 de mayo del 2023 el Gobierno ha promulgado el Decreto de Urgencia 012-2023, que autoriza la compra “mediante el procedimiento de selección de adjudicación simplificada” por un importe de casi S/ 515.3 millones; es decir, sin licitación o concurso público. Como se sabe, esta modalidad de adquisiciones simplificada es rápida y está prevista para compras menores de S/ 400,000 y mayores a S/ 34,400. Según el portal de invierte.pe las actuaciones preparatorias duran 15 días, el procedimiento de selección también 15 días y la suscripción del contrato y adelantos hasta veinte días, con un periodo de subsanación de observaciones –desde la notificación– de cuatro días. El procedimiento de selección empieza con el registro de la convocatoria en el SEACE, el registro de los postores interesados y la absolución de las consultas que estos realicen, luego, con la presentación de las propuestas técnico-económicas, el Comité de Selección evalúa y califica las propuestas y para otorgar la buena pro “al postor adjudicado”.
La ventaja de la rapidez de este tipo de adjudicaciones se contrapone a la transparencia y a la publicidad, que toma tiempo, en el proceso de las licitaciones o concursos públicos. Estas ventajas son aprovechables cuando los montos son menores, aunque durante la emergencia sanitaria y otras se ha utilizado para montos mayores debido a que estas requerían una intervención rápida, como ha ocurrido durante la COVID-19. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 ha culminado el 5 de mayo del 2023 y en el Perú finalizará, según el Decreto Supremo 003-2023-SA, el 25 de mayo del presente año. En ese sentido, el Gobierno ha tenido que ensayar otra justificación para continuar con esa modalidad de compras simplificadas.
La parte considerativa del Decreto de Urgencia 012-2023 señala que “durante fines del año 2022 e inicios del año 2023 se registraron en diferentes lugares del país protestas ciudadanas, con diferentes grados de violencia (como consecuencia del intento de autogolpe de Estado realizado el 7 de diciembre de 2022), las cuales afectaron el tránsito de personas en diferentes partes del país”- Hay que precisar que las protestas, con diferentes grados de violencia, se focalizaron en el sur del país. Además, no se trató de un “intento de autogolpe de Estado” el acto perpetrado el 07 de diciembre del 2022, sino de “un golpe de Estado fallido”. Una cosa es intentar un golpe de Estado y otra, es hacerlo y fracasar.
En segundo lugar, señala que los hechos ocurridos “interrumpieron abruptamente las acciones de coordinación iniciadas por el Minsa con los gobiernos regionales afectados, ocasionando demoras de importancia en el cronograma previsto para la formulación y registro de las inversiones… afectando las visitas programadas por parte de las oficinas competentes del Minsa que debían realizar la verificación in situ de los espacios físicos de los hospitales priorizados donde se instalaría los equipos a adquirir.” Asimismo, señala que estos “hechos de carácter extraordinario e imprevisible ocurridos en diciembre y los meses de enero y febrero afectaron sobremanera la ejecución del cronograma previsto” con la afectación del “fortalecimiento del primer nivel de atención para la capacidad diagnóstica del cáncer y su tratamiento.” Además, debido al incumplimiento del cronograma previsto, los recursos asignados “no se ejecutarían y tendrán que ser revertidos al Tesoro Público.” En ese sentido, según el gobierno, queda justificada la exoneración de la adquisición por licitación pública o concurso públicos.
Asimismo, el Decreto de Urgencia adjunta el “Listado de equipos biomédicos priorizados para el fortalecimiento del primer nivel de atención, así como, para mejorar la capacidad diagnóstica de cáncer y su tratamiento a nivel nacional.” El listado posee 10 ítems, que incluye desde equipamiento biomédico de laboratorio, equipos de resonancia magnética (para los hospitales Cayetano Heredia y María Auxiliadora de Lima Metropolitana), Ecógrafos (para diversos establecimientos de las Diris de Lima Metropolitana, Áncash, La Libertad Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Piura, Ucayali, Amazonas y otros más para la zona sur), Mamógrafos (para Callao, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, San Martín, Tumbes, Ucayali y otros establecimientos de salud del sur del país), también incluyen procesadores automáticos de tejidos y 7 tomógrafos multicorte, (cuatro de ellos destinados a Lima Metropolitana, otro para Ucayali, Áncash y Cusco). Como se puede apreciar, la compra centralizada que realizará el Minsa incluye equipos biomédicos para la mayor parte del territorio nacional que no fue sujeta de “protestas ciudadanas, con diferentes grados de violencia.” En ese sentido, la justificación del Minsa para “diferir y perder el ritmo” de la compra es endeble, más aún, cuando los equipos son de distinta naturaleza y de especialidad. El Minsa bien pudo haber encontrado medidas “administrativas” o nuevas normas, pero en esas circunstancias, para evitar que se llegue a la elusión de las licitaciones públicas. La solución que ha escogido el Gobierno más parece un premio a la inoperancia.
El Decreto de Urgencia 012-2023 señala “que el titular del Pliego 011 Ministerio de Salud es responsable de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos comprendidos en su aplicación,” como si las implicancias de la exoneración de la licitación fueran por un monto menor, cuando en realidad se trata de casi 515.3 millones de soles. En ese sentido, hay en la norma ausencia de candados contra la corrupción y una exigencia para que la Contraloría General de la República intervenga mediante acciones obligatorias de control concurrente y posterior. Encima, no se debe pasar por alto, que durante la pandemia COVID-19, al amparo de estas adquisiciones simplificadas por emergencia, según listados, se han presentado “una serie de irregularidades” que se encuentran en investigación en el Congreso, en la Contraloría General de la República, en la Fiscalía y en el Poder Judicial.
Las buenas intenciones del gobierno para establecer “medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera” para suplir “la pérdida del cronograma previsto” por parte del Minsa, implica, ahora, que estas vayan acompañadas de mayores niveles de fiscalización y control. Por tanto, los cuerpos médicos de los establecimientos de salud “favorecidos” con el nuevo equipo biomédico deberían estar vigilantes. El rol de las comisiones de Constitución y Reglamento; Salud y Población, así como, la de Fiscalización del Congreso de la República es esencial en la revisión constitucional y en la implementación de la norma. ¡Cuidado, en arca abierta hasta el justo peca!