Durante la pandemia se dejaron de lado aspectos críticos de los derechos humanos
Desde el 25 hasta el 29 de setiembre la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realiza su 60 Consejo Directivo, en Washington DC de los Estados Unidos de América, en cuya agenda se encuentra el documento “Informe de Progreso” sobre Salud y Derechos Humanos, en el marco de la Resolución aprobada por el Consejo Directivo de la OPS aún el 2010. El “Informe de Progreso” cubre el periodo de agosto del 2017 a marzo del 2023. Como se puede apreciar, el informe abarca la etapa en que ocurrió la pandemia Covid-19 y, por tanto, según la OPS, “permitió comprender en profundidad la importancia central del enfoque de los derechos humanos en el abordaje, la reacción y la respuesta de los Estados miembros y de la OPS ante situaciones de emergencia». Asimismo, “permitió analizar las medidas de salud pública en relación con los estándares de derechos humanos, particularmente por la necesidad de proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad o que enfrentan mayores riesgos».
En ese contexto, la OPS ha señalado que ha realizado una serie de actividades, “además de producir y publicar documentos». El Informe de Progreso da cuenta de siete documentos, que abordan, en primer lugar, “la relación entre el derecho internacional en materia de derechos humanos y una respuesta exitosa de la salud pública en situaciones de crisis y emergencias sanitarias». Este tópico se ha tocado con expertos internacionales en foros públicos por temas como “derechos de niños y niñas, mujeres, personas mayores y migrantes; derecho a la salud y prevención del consumo del alcohol, etc». En segundo lugar, han abordado los derechos a la salud “y otros derechos en relación con la Covid-19 y la vacunación” mediante seminarios y otras actividades. En tercer lugar, la relación del derecho a la salud con el Poder Judicial, en algunos estados miembros. En cuarto lugar, con la elaboración de documentos de orientación como “Promoción de la equidad en la salud, la igualdad étnica y de género, y los derechos humanos en la respuesta a la Covid-19: consideraciones clave».
En quinto lugar, se realizaron las actividades para la “promoción de enfoques participativos e inclusivos, a través de la sensibilización con redes y organizaciones de la ciudad civil que representan poblaciones en situación de vulnerabilidad. “Así como, el curso sobre “derechos humanos de las personas mayores” En sexto lugar, se realizaron “campañas de comunicación y eventos para promover avances en la consideración de derechos humanos y la equidad en la salud». Y por último y séptimo lugar, se realizó la promoción de cursos y materiales de capacitación, sobre derechos humanos y salud, la salud desde el enfoque de derechos humanos, la migración y la salud de las Américas, así como, el “Informe sobre los estándares de derechos humanos y desafíos relacionados con el acceso a la salud y la vacunación de la población migrante». A modo de conclusión, la OPS extrae tres grupos de enseñanzas, la primera estuvo en relación con la aceleración de las necesidades y solicitudes de cooperación técnica en materia de derechos humanos. La segunda se refiere a la “preparación para nuevos retos y futuras crisis y emergencias sanitarias”. La tercera, está relacionada con el rol “fundamental de fortalecer los esfuerzos de coordinación intersectorial para asegurar respuestas efectivas y oportunas».
El apretado resumen de las actividades y las conclusiones del Informe de Progreso permite comprender las dificultades de la OPS con el uso de un lenguaje directo y claro, ya que se debe adaptar a las condiciones diplomáticas y del contexto legal de cada uno de los estados miembros. También justifica por qué no se han abordado los aspectos críticos en materia de derechos humanos, durante la pandemia, ocurridos en el Perú. Asimismo, que tampoco se haya realizado mención alguna al derecho humano fundamental de la seguridad social universal o que no se haya considerado, la estrategia del “encierro” o inmovilización obligatoria, más conocido en el Perú, como cuarentena con toque de queda, bajo la estricta vigilancia militar y policial.
Otro de los aspectos que no se ha tomado en cuenta ha sido el “casi cierre completo” de los establecimientos del Primer Nivel de Atención de Salud, es decir, de los centros y puestos de salud. Este cierre impidió la participación organizada de la población, bajo la estrategia del enfoque comunitario y de promoción de la salud, útiles para promover el autocuidado y la adhesión consciente a las medidas dictadas por el gobierno. Como se recuerda, el uso de las mal denominadas pruebas rápidas (serológicas) en lugar de las moleculares para la detección de la Covid-19, ha significado una violación sistemática de los derechos humanos, debido a que estas pruebas que tenían enormes tasas de falsos eran utilizadas para dar o negar atención médica, para obtener licencias temporales de trabajo, para viajar e inclusive, para entrar en las tiendas comerciales, de comida y de otros bienes y servicios. Además, el gobierno de ese entonces se escudó en “supuestos informes técnicos” que presuntamente tenían origen en la OPS y que, hasta la fecha, no han sido dilucidados ni aclarados por esa organización sanitaria.
En el contexto de la pandemia Covid-19, la Organización Mundial de la Salud, realizó una serie de recomendaciones, con asistencias técnicas incluidas, que algunas veces fueron desoídas por el gobierno y por el sector Salud. Aún no se ha realizado un arqueo o evaluación de los “incumplimientos”, ni el análisis de las justificaciones para las renuencias. Es obvio, que esta tarea compete, no solo a los órganos de control de Estado, sino, sobre todo, al propio gobierno y al Congreso de la República. Además, debido a la alta mortalidad por la pandemia Covid-19, (más de 220,000 fallecidos) esta tarea es imprescindible. En consecuencia, es importante debatir e incorporar comentarios que enriquezcan el Informe de Progreso, desde la perspectiva del país, debido a que contó con peculiaridades para enfrentar la pandemia Covid-19.
En ese mismo sentido, la mirada crítica, desde el punto de los derechos humanos, incluso con la cooperación técnica de la OPS, permite alinear las necesidades y solicitudes de cooperación técnica en materia de derechos humanos. Por tanto, esta visión crítica, se comporta como requisito previo para enfrentar las futuras crisis y emergencias sanitarias.