Se está generando una burocracia sin sustento profesional
El 12 de febrero se ha conmemorado el 119 aniversario del natalicio de Jorge Basadre. Una celebración que nos ha servido para recordar su concepto de “Estado empírico”, que resume con exactitud las circunstancias por las que atraviesa nuestro país y, sobre todo, las designaciones de funcionarios en las más altas esferas del gobierno. El empirismo del Estado se manifiesta, según Basadre, por la existencia de una burocracia sin sustento profesional y con arraigo en los grupos de poder o de presión, por el poco respeto de las normas y por una gestión gubernamental alejada de la realidad.
En ese sentido, en los últimos lustros se han dado algunos avances en la designación “meritocrática” de funcionarios; incluso en algunos casos, como en el sector salud, mediante estrictos concursos de méritos. Sin embargo, durante el presente gobierno se han sucedido cuatro Consejos de Ministros en un poco más de seis meses, y de funcionarios cuestionados por sus antecedentes o porque no reúnen el perfil profesional requerido para el puesto. Han sido designados por el solo hecho de ser allegados, por diversos motivos, al grupo gobernante.
Jorge Basadre también sostiene que en el Perú se mantiene el sistema patrimonialista español, y que el gobierno del Estado se rige a través de dones del gobernante, y no por leyes válidas para todos. Denomina “sultanismo” a la variante peruana del patrimonialismo, porque se asemeja al sultán otomano; por tanto, para los gobernantes no rigen las leyes, sino solamente para las personas comunes. En ese sentido aparece como una expresión natural los altos niveles de corrupción, porque los fines del gobierno siempre favorecen al grupo que sostiene al gobierno. De igual manera, podría decirse que en el Perú, pese a haberse hecho denodados esfuerzos para lograr una “economía social de mercado”, aun persiste el sistema mercantilista o el “capitalismo de amigos”, cuya expresión es también los altos niveles de corrupción. Al contrario de lo que se esperaba, el gobierno ha demostrado poco respeto a las normas; como por ejemplo, la Ley de transparencia y acceso a la información pública, que es básica en una democracia.
Los cuestionamientos al nuevo gabinete ministerial en su conjunto y a cada uno de los ministros en parte, tienen variados matices. Sin embargo, en la mayoría de los casos calzan las apreciaciones de Jorge Basadre. En ese sentido, el caso del medicamento Molnupiravir es ilustrativo para graficar el comportamiento del gobierno. Este fármaco para el tratamiento del Covid-19 ha sido aprobado por la agencia reguladora de los Estados Unidos (FDA) y también, por la agencia europea (EMA). Estas agencias han autorizado el uso del Molnupiravir para los casos leves o moderados en los adultos con algún nivel de comorbilidad como la obesidad, asma, entre otros. Señalan que su eficacia es de 30% y, además, que solo se administra a quienes no puedan recibir otro tratamiento alternativo o que, desde el punto de vista clínico, se considere ventajoso. Además, la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas (Digemid) del Minsa, como ente regulador de la parte peruana, ha otorgado el registro sanitario condicional el 17 de febrero del 2022, y, por tanto, ha aprobado la comercialización en el Perú y su prescripción solo, con receta médica. El registro sanitario condicional “es otorgado a aquellos fármacos o productos biológicos con estudios clínicos fase III, por un año renovable, durante una emergencia sanitaria declarada por riesgos o daños a la salud pública reconocida por el Poder Ejecutivo o por la Organización Mundial de la Salud (OMS).”
En ese contexto, según el diario El Comercio, “al ser consultado respecto a este fármaco, el ministro dijo en un primer momento que no tenía un documento oficial a la mano sobre este medicamento, pero incurrió en el error al señalar que el Molnupiravir ingresó al Perú, sin embargo, Digemid aclaró luego, que el fármaco no había sido importado aún al país.” No solo eso, sino que “se confundió al explicar que la aprobación de este medicamento en el país fue a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). Así lo dijo en un primer momento, antes de que un asesor le alcanzara aparentemente la autorización de Digemid desde un celular”. Según la Ley 29459, el ente encargado de otorgar el registro sanitario a los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios es la Digemid del Minsa. Por otro lado, señaló el ministro que el “Perú no lo ha comprado ni comprará, porque ese medicamento tiene baja eficacia”. Funcionarios del Minsa incluso señalaron que el otorgamiento del registro sanitario condicional forma parte de un “trámite administrativo” de Digemid, y no quiere decir que vaya a estar a la venta”. Increíble afirmación, porque, según Ley 29459, el otorgamiento del registro sanitario autoriza la comercialización en el país.
Al margen de la falta de información con relación al registro sanitario y a las funciones de la Digemid, que son subsanables, si preocupa la falta de valoración de la innovación y de las implicancias que tiene para la estrategia de lucha contra la pandemia Covid-19, el descubrimiento de un nuevo fármaco. También, preocupa que no tenga en cuenta que su decisión de no comprar, ni distribuir el nuevo fármaco, es discriminatoria y clasista. Los sectores pudientes, podrán comprar el Molnupiravir, cuando sea recetado por el médico. Sin embargo, no tendrán poder de acceso la población más pobre, la que habita en las comunidades nativas u originarias, en las zonas alto andinas y en las comunidades dispersas, y por tanto, no podrán beneficiarse de este nuevo adelanto de la ciencia. ¡Cuánta razón tenía Basadre!