Excesiva fragmentación y limitada representatividad
El 26 de enero del 2020 se han realizado las elecciones complementarias para el Congreso de la República. La jornada electoral se ha realizado sin mayores contratiempos; sin embargo, hay hechos que no se pueden pasar por alto, como el ausentismo (más del 25%), los votos blancos y nulos que han sido considerables (entre el 12 y 15%) y, además, el conjunto de los votos de los partidos que no han pasado la valla electoral, que asciende a casi el 30% según cifras preliminares, porque el conteo final aún no ha concluido. Por si fuera poco, a la dispersión del voto en nueve agrupaciones políticas que han sobrepasado la valla del 5%, y que por tanto obtendrán representación congresal, se ha agregado la escasa votación: por debajo del 11% de los votos válidos para cada uno de los partidos políticos participantes.
El proceso electoral y sus resultados evidencian algunos aspectos políticos preocupantes para el desarrollo de nuestro país. La excesiva fragmentación y escasa votación de las agrupaciones políticas demuestran la fractura entre el Perú oficial y formal y el otro Perú; fractura que impide que las propuestas políticas nacionales consensuadas, que benefician a todos, sean atractivas para la diversidad de votantes. La fractura es alimentada no solo por la exagerada desigualdad y la exclusión, sino también por la progresiva desaparición de las clases medias. El deterioro del crecimiento económico ha hecho volar por los aires las expectativas de la gente, sobre todo de los sectores medios de la sociedad. En lugar de unir esfuerzos para el futuro, pretenden arranchar las existencias del presente. Es decir, el riesgo del populismo es latente.
Una vez más se reitera la brecha entre el numero de votos y el número de curules que obtienen los partidos. La valla electoral, la cifra repartidora, el ausentismo, el voto blanco y el nulo han logrado, por ejemplo, que un partido que ha obtenido solo el 10.7% de los votos, en lugar de obtener 13 congresistas, es decir el 10% de 130, obtenga 25 curules, casi el doble. Un porcentaje que no han obtenido en votos. Es necesario realizar los cambios legislativos para evitar que casi el 50% de la población no se sienta representada en el Congreso de la República.
La excesiva fragmentación y la limitada representatividad ante la población del Congreso de la República deteriora la gobernabilidad y la fortaleza del propio Poder Ejecutivo. El presidente no ha obtenido el respaldo electoral necesario para gobernar. Incluso, al partido político que en modo expreso ha manifestado su afinidad con el Gobierno, tampoco le ha ido mejor que a los otros. La polarización política extrema le ha pasado factura al presidente, porque la elección congresal complementaria no le ha sumado aliados políticos. Además, la dispersión de las minorías congresales –no solo en el aspecto numérico sino también ideológico, programático y reivindicativo– replanteará la agenda política. Es probable que el propio gobierno intente construir una nueva agenda para ganar aliados y legitimarse. Sin embargo, no será fácil. El nuevo Congreso ha nacido polarizado. La prueba de fuego será la elección de la mesa directiva y luego la agenda mínima concertada, no solo al interior del Congreso sino también con el Poder Ejecutivo.
La valoración de la Constitución Política del Estado está sobre el tapete. Las reformas políticas, el régimen económico, las políticas sociales y la lucha contra la corrupción, entre otros. Sin embargo, la agenda heredada es frondosa. Hay cuestiones que requieren dos tercios de los votos para aprobarse, y es probable que se aplacen. Incluso aquellos acuerdos polémicos que necesitan mayoría calificada. También será tarea complicada la revisión de todos los decretos de urgencia promulgados en el llamado “interregno parlamentario”. Es decir, la confluencia de votos para lograr los cambios será complicado. Quizá sea aplicable el dicho “mucho ruido y pocas nueces”. Además, el tiempo es escaso. En estas circunstancias, el rol del presidente es crucial y podría cobrar relevancia la tentación de construir la gobernabilidad sobre la base de la estructura y los aparatos del Estado. En ese escenario no sería raro pasar de los decretos de urgencia a la promulgación de decretos legislativos.
Sin embargo, la ciudadanía espera que se retome el crecimiento económico, se elimine la pobreza, mejore la competitividad, se fortalezcan las políticas sociales, que el Estado se acerque a las necesidades de la gente, el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, del equilibrio de poderes, de la democracia y del Estado de Derecho. El nuevo Congreso de la República, en uso de su atribución fiscalizadora, deberá pasar revista a cada una de las instancias de gobierno, combatir la corrupción y el mercantilismo que anida en su seno y derogar las normas que los sustentan. Y, sobre todo, incluir en la Agenda País a todos los peruanos, sin marginados ni discriminados. ¡Cuidado con la polarización de los unos contra los otros que atiza la agenda populista!