Los derechos humanos y las leyes que amparan a todos
Los medios de comunicación han puesto en evidencia que varios altos funcionarios del gobierno y líderes políticos, incluidos ministros, tienen denuncias por maltrato o agresiones de parte de sus esposas. También se supo, según parte policial, de una denuncia contra un ministro debido a agresiones psicológicas contra su esposa, dentro de su vivienda. Sorprende que cuando se les ha inquirido por ese mal comportamiento, se hayan amparado en el ámbito privado o personal y en la “conciliación”. Asimismo, que no se percaten de que esta dicotomía entre ámbito social y privado sirve para encuadrar a la familia dentro del ámbito privado y, por tanto, se impida la intervención del Estado. O que tampoco se den cuenta, que a pesar de que la familia tiene una relación entre privados, es equivocado creer que el Estado no debería intervenir si no se respetan en su interior, los derechos humanos y las leyes que amparan a cada uno de sus miembros. También preocupa que altos funcionarios del gobierno expresen sin tapujos su creencia en el “ámbito” privado y en la no intervención del Estado, sin darse cuenta que ensalzan el rezago de una costumbre en la que el hombre somete a la mujer y la mantiene a “dedicación exclusiva” de la familia, de las tareas domésticas y de la responsabilidad del cuidado de todos sus miembros.
Las respuestas insatisfactorias de los funcionarios sirvieron como justificación o pasaron desapercibidas, sin embargo, evidenciaron que el gobierno es incapaz de ejercer liderazgo en la lucha por la igualdad de las mujeres, no sólo, en la vida social, sino, también, en el ejercicio de su intimidad y en la vida doméstica. En ese sentido, las políticas públicas diseñadas para erradicar las costumbres que someten o discriminan a las mujeres, se han convertido en una paradoja, porque existe una contradicción entre lo que señalan esas políticas y el comportamiento de los funcionarios que deberían implementarlas. Sería, además, insensato exigirles a estos funcionarios que comprendan que la libertad de los seres humanos en sus familias, hombre o mujer, niño o adulto, justifica la limitación de la acción de la autoridad política, sin embargo, esos límites se rompen, cuando algún miembro de la familia arrebata o pone en riesgo la libertad del resto. También, ocurre lo mismo, con la vida doméstica, y la distribución justa y equitativa de las tareas.
La división y valoración distinta entre el trabajo doméstico y el trabajo político y social, permite que la mujer se dedique al trabajo doméstico, infravalorado, repetitivo y no remunerado y al hombre a dedicarse al trabajo fuera de la vida doméstica, en sociedad, y con todas las oportunidades de incursionar en la vida política, que es vista como la forma más elevada de participación social. Esta distinción, que algunos justifican por “razones biológicas” y por formas de “comportamiento innato”, ha servido para mantener la injusticia y la desigualdad al interior de las familias, y lo que es peor, que perdure en el tiempo. En ese sentido, la familia como ente privado y núcleo fundamental de la sociedad, podría tener un comportamiento ambivalente, por un lado, como una forma de perpetuación del sometimiento y discriminación de la mujer o, al contrario, como un agente de cambio y transformación liberadora de la mujer y de todos los miembros de la familia. Es inevitable que la liberación de la mujer contribuya, también, a la liberación de la familia y la sociedad.
Otro de los aspectos, que parece imposible que el gobierno comprenda es que existen “mitos” en relación con la incapacidad de las mujeres para manejar conceptos morales, abstractos y universales, y solo puedan, debido a su naturaleza biológica, utilizar normas morales, tales, como aquellos, que se derivan de la “ética del cuidado”. Es decir, sería innato en las mujeres, que cuiden de sus semejantes, de los miembros de sus familias, tal como ocurre en la vida doméstica. Asimismo, tendrían dificultades para conducir sociedades, gobernar y gestionar, porque implicaría, algo que no poseen, como es el uso de conceptos éticos abstractos, como la justicia, el bien y otros. Es obvio, que este “mito”, es cuestionable y desmentido, con el solo hecho de apelar a la historia y a la práctica social. Sin embargo, a pesar de la realidad y de la incorporación creciente de las mujeres en la vida social y política, “algunos”, alegan, que las mujeres se desempeñan mejor en las áreas que requieren “cuidado personal”, como, medicina, enfermería, educación, trabajo social, entre otras. En ese contexto, las políticas públicas, son herramientas fundamentales, para abordar desde el hogar, desde la familia, esta discriminatoria “división del trabajo” entre los miembros de la familia, porque la vida supone momentos en que las personas, sean hombre o mujer, apliquen indistintamente la “ética del cuidado” o, también, la “ética de la justicia” o aquellas que se sostienen con principios abstractos y universales.
Tampoco, los funcionarios del gobierno podrían comprender que la intimidad da refugio a la vida interior, y en consecuencia, no solo es opuesta a la vida política, sino, también, a la vida social. Además, que la intimidad, es un atributo inherente a los derechos humanos. Sin embargo, existe la falaz creencia de que la intimidad pertenece a la familia, por tanto, su gestión recae en la cabeza de la familia que es custodiada, al margen de la autoridad y la ley. Al contrario, la intimidad es de las personas, incluso al interior de la familia. En ese sentido, las mujeres también tienen derecho a ese refugio para su vida interior, opuesto a la política, a la vida social e incluso a la familia. ¡Los retos son enormes!