Omisiones e incongruencias frente a las necesidades de la gente
El 16 de octubre del 2021, mediante Decreto Supremo 164-2021-PCM, el gobierno ha promulgado la Política General de Gobierno que contiene diez ejes con sus “lineamientos prioritarios y las líneas de intervención.” Este es un primer paso del nuevo gabinete ministerial para la búsqueda del voto de confianza del Congreso de la República, que de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Política, obtendría luego de “exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”.
El siguiente paso será la ronda de conversaciones previas con cada una de las bancadas congresales. La ventaja que ofrece la promulgación de la Política General de Gobierno antes de las conversaciones es que los límites de la acción política están enmarcados y puestos en agenda. Elimina la improvisación y desconfianza ante las acciones del gobierno hacia el futuro. Otorga previsibilidad política. Sin embargo, la desventaja es que torna innecesarios los aportes de los congresistas a la política general de gobierno. En ese sentido, la ronda de conversaciones pierde una de sus herramientas en la construcción de consensos políticos. Además, han sido excluidos los temas políticos controversiales como, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente o el cambio del modelo económico o el Estado plurinacional, para abocarse a temas concretos de gestión gubernamental.
Los diez ejes se refieren a bienestar y protección social, reactivación económica, ciencia y tecnología, fortalecimiento del sistema educativo, descentralización, fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo, asimismo, riesgo y amenazas a los derechos de las personas, gobierno y transformación digital, la diplomacia peruana y el Estado intercultural. Estos diez ejes contienen lineamientos y líneas de intervención.
El primer eje es el concerniente a la “generación de bienestar de la población y protección social con seguridad alimentaria” que contiene siete lineamientos. El primero, referido a la lucha contra la pandemia y contiene cinco líneas de intervención: testeo y vacunación masiva, abastecimiento de insumos, la interoperabilidad del sistema de salud, adquisición y provisión de vacunas y el fortalecimiento de la estrategia de prevención con participación ciudadana. Como se puede apreciar, las cinco líneas de intervención para fortalecer la lucha contra la pandemia son insuficientes y omiten aspectos esenciales. En primer lugar, se soslaya a los recursos humanos, aspecto crucial para lograr cualquier objetivo de salud pública. En segundo lugar, se ha pasado por alto, el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud con enfoque comunitario, con la estrategia de Atención Primaria de Salud y con la incidencia en los determinantes económicos, sociales y culturales, entre otros. En tercer lugar, tampoco se aclara el rol de la respuesta hospitalaria y el énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. En resumen, la lucha contra la pandemia, según los lineamientos, se ha reducido, contrario a la opinión de los expertos, sólo a optimizar la vacunación.
La segunda línea de intervención de este primer eje es “preservar la vida y la salud” y contiene siete líneas de intervención: La primera, tiene como objetivo, “establecer un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo”. La forma de redacción de este objetivo, tipo enunciado publicitario, impide vislumbrar la solución a los problemas de fragmentación y segmentación que aqueja al Sistema Nacional de Salud, así como, al proceso de autonomización sanitaria en que incurren algunos gobiernos regionales con la consecuente pérdida de rectoría del Ministerio de Salud. En ese contexto, no se aclara, si la línea de intervención continuará bajo la lógica del modelo del aseguramiento mercantilista, o por fin, se cambiará de rumbo para universalizar la seguridad social en salud bajo el principio de la solidaridad. Tampoco señala, si se tomará en cuenta los aportes del Foro del Acuerdo Nacional plasmados en los consensos del 2002, 2015 y ratificados el 2020, en los que se propone un “Sistema Nacional de Salud Unificado” sobre la base del derecho a la salud y a la seguridad social universal, en los que no figura el modelo del aseguramiento mercantilista.
La siguiente línea de intervención tiene como objetivo “implementar prestaciones de salud en Redes Integradas de Salud con capacidad resolutiva óptima en el marco de la atención primaria de salud integral con énfasis en el primer nivel de atención”. La cita completa permite resaltar las incongruencias e incluso las falsedades. Por ejemplo, se afirma que las Redes Integradas de Salud solo implementarán prestaciones de salud, cuando, por definición de la Ley 30885, estas deberán brindar también prestaciones sociales y económicas. Esta “pequeña” reducción de las funciones de las Redes Integradas de Salud imposibilitaría cumplir con el acceso a la salud de los más pobres y vulnerables. Por otro lado, han apelado a un pleonasmo, al acuñar el concepto de “atención primaria de salud integral”, porque como se sabe, la Atención Primaria de Salud es una estrategia de intervención social, no un objetivo, y por naturaleza es integral. Reiterar la palabra integral, solo busca encubrir la reducción de las funciones de las Redes Integradas de Salud. Y, por último, han dejado de lado la importancia de la Medicina Preventiva Especializada en el Primer Nivel de Atención de Salud con enfoque comunitario, es decir, en los 8 mil puestos y centros de salud del país.
La Política General de Gobierno, en lo que respecta a la salud, presenta una serie de falencias, omisiones e incongruencias frente a las necesidades de la gente. Urge revisión y corrección en el más breve plazo.