Luego del cierre del Congreso de la República, el gobierno ha promulgado una serie de decretos de urgencia para reimpulsar la fallida reforma de salud del gobierno humalista. Además, en la última semana se han producido las designaciones de los exfuncionarios y miembros del núcleo ejecutor de la reforma de ese periodo en puestos importantes en el gobierno y en los diversos sectores que componen el Sistema Nacional de Salud. En el periodo humalista el proceso de “reforma de salud” se produjo sin consenso político, a través de decretos legislativos. Ahora ocurre los mismo, vía decretos de urgencia y sin previo consenso con los actores políticos, sociales y económicos involucrados.
La primera tarea del gobierno ha sido desligarse y abandonar el proceso de cambio y transformación del sector Salud, iniciado el 28 de julio del 2016, para luego reintroducir los objetivos de la reforma humalista. Y también el uso de sus conceptos, como el de “separación de funciones de financiamiento y prestación en las instituciones de salud públicas”, el aún inaplicable “aseguramiento universal” y el “Plan Esencial de Aseguramiento en Salud” (PEAS). La promulgación del decreto de urgencia de Cobertura Universal en Salud (CUSS) ha tenido el propósito de reiterar esa política, ajustar los fallos que produjeron su fracaso y hacer explícito el recorte de los derechos a la salud de los ciudadanos; es decir, abandonar el derecho a la integralidad del cuidado y la atención de salud, y solo reconocer un plan esencial (PEAS), preestablecido según caja fiscal.
A partir de la promulgación del decreto de urgencia del CUSS, el Estado se exime de reconocer el derecho a la atención de las enfermedades complejas o las de alto costo, salvo engorrosos trámites mendicantes, porque ahora es responsabilidad de los propios ciudadanos.