La salud post indulto y el Apra

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130118El retorno del Apra al gobierno de la salud en el Perú

Ha sido recompuesto el gabinete ministerial, segunda fase de la premier Mercedes Aráoz, bajo el norte de la gobernabilidad y la reconciliación nacional. En este nuevo escenario post conato de vacancia, y producido el indulto del expresidente Fujimori, han entrado dos nuevos ministros apristas, uno a la cartera de Salud y el otro a la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, que como sabemos tiene a cargo Essalud. Es decir, el Apra se ha hecho cargo del gobierno de la salud en su conjunto.

El Apra dejó el Ministerio de Salud (Minsa) en octubre de 2008 ,a pesar de gobernar hasta el 2011, debido al escándalo de los petroaudios y las relaciones con Fortunato Canaán, que involucraban al sector salud. El premier en ese momento, Jorge Del Castillo, renunció al cargo junto con Hernán Garrido Lecca, a la sazón ministro de Salud. Entonces asumió como premier Yehude Simon y el médico Oscar Ugarte juró a la cartera de Salud. Ahora retorna, aunque de por medio se ha conocido que ambos ministros han sido expulsados del Partido Aprista.

Luego de sólo 114 días ha dejado el cargo de ministro de Salud el vicealmirante Fernando D’Alessio, tiempo muy corto para emprender los cambios que el país requiere. Sin embargo dos temas han quedado en el recuerdo inmediato de la gente: la participación del Minsa en el proceso del indulto del expresidente Alberto Fujimori y la paralización del proceso de fortalecimiento del primer nivel y de la atención primaria de salud.

 
Última actualización el Sábado, 13 de Enero de 2018 09:19
 

El Minsa y las APP

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05-07-18Escollos a superar en este tipo de iniciativas

 

El ministro de Salud, Fernando D’Alessio, en entrevista al diario El Comercio, ha valorado de modo positivo la asociación público privada (APP) “Bata gris”, del Instituto de Salud del Niño San Borja, heredada del Gobierno anterior y, además ha señalado que quisiera que los 18 hospitales y ocho institutos especializados de Lima Metropolitana tengan esta modalidad de APP y que luego las llevaran a todas las regiones (El Comercio 6-11-2017, págs 4 y 5).

En el año 2013 el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que el contrato de la APP conocida como “Bata gris” significa el mantenimiento de la edificación, instalaciones, áreas verdes, estacionamiento, equipamiento clínico y no clínico, operación y mantenimiento de la alimentación, lavandería, limpieza, seguridad, gestión de residuos hospitalarios, laboratorio clínico y central de esterilización. Hay que remarcar que no comprende la atención del paciente. Recordemos que ese mismo año el Minsa firmó el primer contrato de APP para la gestión de “Bata gris” del Instituto de Salud del Niño de San Borja, a un costo de S/ 32 millones anuales por diez años. Hay que señalar que este gasto estatal es distinto a los S/ 310 millones que costó la infraestructura y el equipamiento de dicho nosocomio.

Como sabemos los contratos de APP pueden ser autosostenibles y cofinanciados, y se contempla el principio esencial de la competencia a fin de asegurar eficiencia y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, así como para evitar cualquier acto anticompetitivo o colusorio. Las APP son una necesidad para aquellas actividades sanitarias que el Estado está obligado a realizar y que no interesan o son poco atractivas para el sector privado; por ello es necesaria la intervención del Estado para hacerlas atractivas.

 
Última actualización el Sábado, 06 de Enero de 2018 09:26
 

El indulto y la salud

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291217Un hecho político y de la mayor trascendencia

 

El indulto al ex presidente Alberto Fujimori significa un nuevo escenario político que trastoca en modo radical la correlación de fuerzas en el país. Por un lado, las fuerzas antifujimoristas se reagrupan en función a la denuncia, a la movilización y a la toma de las calles; es decir, en la protesta. Por el otro, la nueva alianza entre el fujimorismo y el Gobierno, en la construcción de la gobernabilidad. Ambas fuerzas se mueven para conquistar a la opinión pública, que a la fecha favorece, según las encuestas, al indulto. Los objetivos y las razones de los diversos grupos políticos que luchan contra el indulto son disímiles. En cambio, los fujimoristas y el Gobierno tienen un norte: asegurar la gobernabilidad, sostener el modelo económico y la reconciliación nacional.

En ese escenario, el indulto es un hecho político y de la mayor trascendencia. Deja de tener importancia si es humanitario o no, porque el impacto es político. La polarización extrema que vivió el país el año 2017, cuya máxima expresión ha sido el proceso de la vacancia presidencial, tuvo una salida política a través del indulto. Ha sido una salida constitucional. El Congreso de la República ha recompuesto su mayoría con fuerzas que sostienen el modelo económico vigente y el Gobierno ha planteado un gabinete de reconciliación nacional que supone la incorporación de cuadros del fujimorismo. Los analistas políticos que no soporten el giro lingüístico impuesto por la realidad para describir, explicar y predecir los acontecimientos actuales, saldrán del escenario.

 
Última actualización el Viernes, 29 de Diciembre de 2017 09:08
 

¡FELIZ NAVIDAD!

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Que en esta Navidad la felicidad sea con ustedes y que el próximo año nuevo traiga amor y paz. ¡Felices Fiestas!, son los deseos de Asociación Médica Peruana.

 
Última actualización el Martes, 26 de Diciembre de 2017 19:30
 

Salud: retroceso y más burocracia

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221217Es necesario fiscalizar el cumplimiento de la ley

La desactivación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), de las Direcciones de Salud (Disas), de las Redes y Microrredes de Salud de Lima Metropolitana significó un gran avance en la desburocratización del sector salud. Se creó un mecanismo llamado “desactivación por absorción”; es decir, las Unidades Ejecutoras Presupuestales (UE) son desactivadas y las funciones y competencias de estos órganos desconcentrados son absorbidas por el Ministerio de Salud (Minsa).

La desactivación de las Unidades Ejecutoras se realizó por mandato de la Ley N° 30526, pero además, por razones prácticas, debido a la necesidad de cerrar por completo las obligaciones contractuales, incluidas las laborales. El Decreto Legislativo N° 276 regula que se respeten los derechos laborales en la desactivación de las Unidades Ejecutoras Presupuestales.

 
Última actualización el Viernes, 22 de Diciembre de 2017 08:35
 


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