El cáncer como monopolio y como abuso de posición de dominio

El argumento de la inconstitucionalidad del D. L. 1305 —que convierte al INEN en un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud (Minsa), que la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha puesto en la mira— es el mandato constitucional “no pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente”. Según el artículo 101 inciso 4 de la Constitución Política “no pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a la reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de la cuenta general de la República”. Luego se han referido a la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que en su artículo 5, incisos 2 y 3, señala que todo pliego presupuestal se crea o desactiva por ley.

Se puede apreciar que la materia del D. L. 1305 no se encuentra dentro los cinco impedimentos constitucionales para la delegación de facultades legislativas. Además, una cosa es la Ley de Presupuesto y otra la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La materia de ésta última no tiene impedimento constitucional para ser delegada.

El segundo aspecto se refiere a los incisos 2 y 3 del artículo 5 de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que exige que la creación o desactivación de un pliego se hace por ley. Es decir, que el D. L. 1305 no es ley, sino una norma con rango de ley. El artículo 101 inciso 4 de la Constitución señala que es indelegable la Ley de Presupuesto, que no es el caso. Una cosa es la Ley de Presupuesto y otra la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Es inexacto el argumento de que la ley que exige la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público para desactivar el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) no pueda ser in decreto legislativo.

Se  delegó facultades en materias específicas incluyendo salud

Luego de concluidas las facultades legislativas que otorgó el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, se han promulgado 112 decretos legislativos. Se ha generado un enorme debate en los medios de comunicación, con énfasis en la discusión de fondo; es decir, en el contenido de las normas. Sin embargo, en esta etapa la función constitucional del Congreso se centra en las cuestiones formales; es decir, si los decretos legislativos se enmarcan en las facultades otorgadas y en la Constitución Política del Estado.

El artículo 104 de la Constitución Política del Estado señala que la delegación de facultades al Ejecutivo es “sobre materia específica y por plazo determinado y por ley autoritativa”. Además, “no pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente”. Según el artículo 90 inciso c) del Reglamento del Congreso, la “comisión informante” presenta un dictamen que recomienda, en caso de que se contravenga la Constitución o excedan las facultades delegadas, “su derogación o modificación para subsanar el exceso de la contravención”. Además, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 29158, (LOPE), en el artículo 11 inciso 1) señala que los decretos legislativos “se circunscriben a la materia específica y deben dictarse dentro del plazo determinado por la ley autoritativa respectiva”.

Cuatro grandes temas abordados en este DL

La promulgación del Decreto Legislativo (DL) 1305 ha merecido varios comentarios a favor y en contra, solo en relación a uno de sus aspectos y fuera de contexto. La norma busca “optimizar el funcionamiento y los servicios del sector salud” y aborda cuatro grandes temas que eran reclamados por los usuarios y los servidores de los propios servicios de salud.

El primer gran tema es la relación con las Redes Integradas de Atención Primaria de Salud (RIAPS), creadas con el DL 1166, parte del paquete legislativo de la llamada reforma de salud del gobierno humalista. Esta mala norma nunca se ha implementado, y los intentos que hizo el gobierno anterior para implementarla fueron en vano por las inconsistencias e incoherencias del propio DL 1166. Además, el ministro anterior encargó la reglamentación de ese DL e incluso contrató consultorías cuyos informes remarcaron los defectos de la norma.

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Dr. Herberth Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, asevera que entre DDHH e innovación tecnológica debe existir una dialéctica que permita respetar derechos y alentar la innovación. Señala que la defensa de los DDHH no deben bloquear inversiones en innovaciones médicas y el fomento de las innovaciones no debe vulnerar derechos básicos.