Es necesario fiscalizar el cumplimiento de la ley

La desactivación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), de las Direcciones de Salud (Disas), de las Redes y Microrredes de Salud de Lima Metropolitana significó un gran avance en la desburocratización del sector salud. Se creó un mecanismo llamado “desactivación por absorción”; es decir, las Unidades Ejecutoras Presupuestales (UE) son desactivadas y las funciones y competencias de estos órganos desconcentrados son absorbidas por el Ministerio de Salud (Minsa).

La desactivación de las Unidades Ejecutoras se realizó por mandato de la Ley N° 30526, pero además, por razones prácticas, debido a la necesidad de cerrar por completo las obligaciones contractuales, incluidas las laborales. El Decreto Legislativo N° 276 regula que se respeten los derechos laborales en la desactivación de las Unidades Ejecutoras Presupuestales.

¿Qué sector debe cubrir los gastos de salud de los soldados?

En la práctica existe una contienda de competencia en relación a qué sector debe cubrir los gastos de salud y la atención médica y de salud de los 35,000 soldados del SMV. El Ministerio de Defensa o el Ministerio de Salud? Según el artículo 9 del DL N° 1173, que enumera a los beneficiarios de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento de Salud de las Fuerzas Armadas, no considera como beneficiarios a los soldados del SMV. Esta exclusión ha obligado al Seguro Integral de Salud a asumir su afiliación y gasto.

Propuestas para alcanzar la integralidad de la atención médica

Según el análisis del presupuesto del año 2017, el Seguro Integral de Salud (SIS) ha contribuido solo con el 13%, en promedio, en el gasto total hospitalario en el Ministerio de Salud (Minsa) y en los gobiernos regionales. A pesar de que solo es el 13%, la exigencia de los funcionarios de los hospitales para la transferencia de fondos del SIS radica en la versatilidad del uso de esos dineros transferidos. Además es poco probable que el SIS pueda ampliar el porcentaje de su financiamiento en el corto plazo. Por otro lado, el 87% del dinero que proviene en modo directo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los hospitales está casi comprometido en los gastos corrientes y gastos de inversión. En esas circunstancias, el dinero que proviene del SIS aparece como “salvador”.

El análisis global del presupuesto asignado al SIS frente a lo asignado al sector salud y a los gobiernos regionales representa en el 2018, una vez más, 13.6%. Eso significa que cualquier política de reforma para ampliar la cobertura financiera para el 2018 mantendrá las mismas características prestacionales del 2017; es decir, seguirá cubriendo solo los gastos de reposición de los costos variables de los pacientes afiliados al SIS. El total del gasto que realiza un hospital del Minsa y de los gobiernos regionales en un afiliado del SIS incluye los costos fijos y los costos variables. Sin embargo, el SIS considera que los hospitales cubren los costos fijos (y algunos variables) de los afiliados al SIS, con el dinero que reciben en modo directo del Tesoro Público. Esa es la lógica que usa el SIS para reponer solo los costos variables de sus pacientes afiliados.

Para la cobertura universal de atención médica y de salud

 Luego de la presentación, hace unas semanas, del Informe de la Comisión de Protección Social, creada por el Ministerio de Economía y Finanzas, uno de los miembros de esa Comisión ha retado a debatir el informe, con la finalidad de construir un sistema de salud que “otorgue cobertura universal de atención de salud, con protección financiera a toda la población”. Buena invocación democrática y provechosa para los destinos de nuestro país.

Sin embargo, la revisión completa del acápite dedicado a la salud del aludido informe deja la impresión del deja vù. La crítica al sistema de salud y las propuestas son idénticas a las presentadas durante el gobierno del presidente Humala, que se implementaron hasta el 2016, con consecuencias negativas en los indicadores sanitarios y en la atención médica de la población. Entre el 2011 y el 2016 se ha más que duplicado el presupuesto en salud, pero el esfuerzo financiero no se ha traducido en más salud para la gente. La burocracia y las trabas, que creó el modelo, generaron enormes protestas, al punto que el actual Congreso de la República desactivó el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), que se había convertido en el emblema de esa burocracia.